Madrid confirma por escrito a los afectados por la venta de viviendas públicas que vuelve a ser su casero

Madrid

Ha sido una batalla larga y con mucho sufrimiento, pero al final 'David' ha ganado a 'Goliat'. La Comunidad de Madrid confirma por carta a los 1.721 inquilinos que todavía permanecen en las viviendas que el IVIMA vendió en 2013 a un fondo de inversión que "asumirá la condición de arrendador". Descarta así recurrir el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró ilegal la venta en 2013 de cerca de 3.000 viviendas públicas, asumiendo ahora así que ha perdido.

En la carta que firma el director gerente de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Fernández Matero, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, se comunica a los destinatarios que la citada agencia "asumirá la condición de arrendador suyo, aceptando la totalidad de las obligaciones legales y contractuales que correspondan" y añade que la Comunidad "tiene como objetivo prioritario garantizar a las familias afectadas que seguirán viviendo en los pisos en los que actualmente se encuentran".

Quedan por delante todavía muchas dudas sobre la situación de aquellos inquilinos como Marisol, a los que Encasa reclama importantes cuantías. En su caso una deuda de más de 20.000 € porque no le reconocen la reducción del alquiler con la que accedió a su casa cuando tenía la condición de vivienda pública, y pasó de pagar 200 euros a más de 500.

Emilio fue uno de los "afortunados" del Plan Joven de Vivienda a los que Esperanza Aguirre entregó en 2007 las llaves de una vivienda en alquiler con derecho a compra en el Ensanche de Vallecas. Ahora, después de haber conseguido frenar dos desahucios a instancias de Encasa Cibeles, confía en que esa vez sí él y su familia puedan dormir con la tranquilidad de no verse en la calle, aunque "no termino de creérmelo", afirma.

Pero la carta solo les llegará a los que han aguantado porque muchos se fueron de la que había sido su casa. No pudieron ni con la presión, ni con la subida del alquiler y "para ellos, la sentencia llega tarde", se lamenta César Pinto, el abogado que ha conseguido anular la venta, para los que añade "también habrá que buscar soluciones".

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Detrás de los afectados también han estado todos estos años colectivos como Stop Desahucios, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PHA), la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) o la Coordinadora de Vivienda de Madrid. Su portavoz, Laura Barrio, cree que "el sufrimiento que han vivido miles de personas, a los que se les ha truncado proyectos de vida, es irreparable" y exigen que "los responsables de este atropello respondan ante la justicia".

Algo que "parecía impensable" y que comenzó hace ocho años en un reparto del Turno de Oficio. Rachid Bouikov, una padre de familia de origen marroquí, buscaba ayuda porque no terminaba de creerse que Encasa Cibeles no le cambiaría las condiciones de su contrato de alquiler. Sentencia que pone también en valor la asistencia jurídica gratuita, porque "todo ciudadano tiene derecho a ella".

Lo que empezó por el piso de Rachid terminó en un litigio contra la Comunidad de Madrid y la venta de 32 promociones, cerca de 3.000 viviendas repartidas por 11 municipios de toda la comunidad. "Ocho años en los que he visto el sufrimiento de muchas familias".