Madrid solo ha resuelto una de cada setenta multas impuestas durante el último estado de alarma

Madrid

El gobierno regional se enfrenta a una montaña de expedientes sancionadores como resultado del último estado de alarma. Ha recibido más de 127.000 actas de denuncia de las distintas policías locales de la Comunidad, pero también de Policía Nacional y Guardia Civil, por saltarse restricciones como el toque de queda, el uso obligatorio de la mascarilla o sobrepasar el aforo permitido en los locales, según datos de la propia Consejería de Sanidad. De momento, solo ha podido resolver una pequeña parte: 1.808, según esas mismas fuentes.

La mayoría -641- por incumplir el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid, cuando ha estado en vigor, o de las zonas básicas de salud con limitaciones. Le siguen de cerca las multas por saltarse la limitación nocturna a la movilidad -el toque de queda-, que es origen de otros 594 expedientes. Olvidarse o negarse a llevar la mascarilla le ha salido caro, de momento, a 378 ciudadanos. Y otros 136 han sido sancionados por superar el límite de 6 personas que se estableció a las reuniones durante el estado de alarma. Además, 29 locales han sido expedientados por saltarse las medidas de prevención impuestas a la hostelería y otros 7 establecimientos por no respetar las limitaciones horarias. También figuran 14 multas por incumplir la distancia de seguridad fumando y 9 por saltarse la cuarentena.

En cualquier caso, los expedientes resueltos son una mínima parte de todas las que se acumulan en los cajones de la Consejería. Solo el Ayuntamiento de Madrid ha comunicado esta semana que ha puesto 110.000 multas, a través de su Policía Municipal, informa Adrián Prado. La “gran mayoría”, en palabras de la Delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, son propuestas de sanción que tiene que tramitar el gobierno regional, que externalizó parte del trabajo a principios de abril a una empresa privada especializada en la gestión de multas.

Se trata de un contrato de más de 582.000 euros -IVA incluido- que recayó -según adelantó el diario El País- en Servicios de Colaboración Integral, SLU. Esa sociedad cobra a la Comunidad de Madrid 16 euros -más IVA- por cada expediente que tramita, así que por ese montante podrá gestionar, como mucho, uno de cada cuatro expedientes abiertos durante el estado de alarma -30.075 exactamente-. La realidad es que serán bastantes menos porque la cobra además una bonificación del 15% por cada multa que consiga cobrar en el periodo voluntario de ingreso. Es decir, el peso de la gestión de tres de cada cuatro expedientes seguirá recayendo sobre los hombros de los funcionarios de la Dirección General de Salud Pública.