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"Una estafa con sello oficial"

Las comunidades de vecinos a las que Esperanza Aguirre redujo hasta un 75% las subvenciones comprometidas para mejorar la accesibilidad y rehabilitar los edificios reclaman que les paguen lo que les deben antes de publicitar nuevas ayudas para lo mismo

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La Comunidad de Madrid daba el visto bueno esta semana a las ayudas para la rehabilitación y accesibilidad de viviendas antiguas. 14 millones de euros, por un convenio firmado con el Ministerio de Fomento, dentro del Plan Estatal de Vivienda del que según el ejecutivo se pueden beneficiar unas 700 comunidades de vecinos en toda la Comunidad de Madrid.

Ayudas que hace 8 años prometieron también a miles de madrileños para rehabilitar con fondos públicos edificios, o mejorar la accesibilidad instalando ascensores, pero que a la hora de la verdad se quedaron en papel mojado, o en el mejor de los casos en una mínima parte.

Fue el caso de Antonio Hernandez. Uno de los 8 vecinos de un edificio de más de 100 años de la plaza de Chueca que se decidieron a instalar un ascensor. Jubilado, nos enseña el ascensor para el que les aprobaron una subvención de 50.000 euros pero que luego se quedó en apenas 15.000. Pidió ayuda a sus hijos que ahora, siete años después, están en paro

Antonio Caparrós que no vive muy lejos, recuerda que fue él quien animó a sus vecinos a hacer la obra contando con la subvención concedida pero que finalmente no llegó porque el ejecutivo presidido entonces por Esperanza Aguirre decidió destinar el dinero comprometido a otros fines.

TESTIMONIOS DE VECINOS RECLAMAN LAS AYUDAS QUE LES CONCEDIERON

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Les resulta difícil de entender que salgan nuevas convocatorias sin destinar una parte de esos fondos a pagar a las familias que dejaron tiradas compuestas, y con ascensor, pero sin el dinero prometido.

ENTREVISTA VICENTE PEREZ PORTAVOZ DE URBANISMO DE LA FRAVM

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Fuentes de la Comunidad de Madrid, aseguran que se han ajustado a los plazos tanto para acogerse al convenio con el ministerio como a publicitarla. Insisten además en que con los fondos de esta convocatoria no podrían hacer frente a las cantidades pendientes como demandan los afectados, porque es la ley, la aprobada con posterioridad, la que lo prohibe.

 
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