El Gobierno vasco niega “irregularidades” en sus ayudas a Hiriko
Añade que desconoce el uso dado a los 15 millones que aportó el Gobierno de Zapatero al coche eléctrico
Tapia, Erkoreka y Urkullu conversan en el pleno del Parlamento vasco / L. RICO (El País)
Vitoria
Tanto la consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, como el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, han evitado pronunciarse sobre el alcance de la querella criminal y los seis presuntos delitos que incorpora la denuncia presentada por la Fiscalía de Alava contra los promotores del coche eléctrico como malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y blanqueo de capitales, entre otros.
Sin embargo, Tapia si ha llevado la contraria al fiscal al defender que, “en lo que nos toca”, es decir, los 2,5 millones de euros con los que el Ejecutivo vasco ayudó entre los años 2010 y 2012 a Hiriko, no hubo tales “irregularidades”.
“Hemos hecho seguimiento de todo el programa y no hay irregularidad, las cuentas están auditadas y no se ha encontrado ningún problema” ha defendido Tapia, que únicamente ha admitido “pequeños incumplimientos” que ha cifrado en 160.000 euros. “Si no se ha cumplido algún hito del programa, se ha solicitado la devolución o no se ha pagado la parte correspondiente” ha explicado.
Pero una y otra vez Tapia ha insistido en que “se han cumplido los objetivos del proyecto de investigación” en referencia a las patentes logradas, "otra cosa es que haya fallado la transferencia del proyecto al mercado”, ha lamentado Tapia.
Asímismo, la consejera ha desligado sus explicaciones de los 15 millones de euros invertidos por el Gobierno de Zapatero al desconocer qué seguimiento y uso se ha dado a las mismas. “Yo no puedo saber qué se ha hecho con el resto de las ayudas” ha reiterado en varias ocasiones, en alusión a esas cantidades que pactaron el anterior gobierno socialista y el PNV, cuyo interlocutor en el Congreso de los Diputados era entonces el ahora portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka.
Precisamente Erkoreka ha querido apostillar al respecto que los "responsables criminales, de existir, serían las personas responsables de las empresas que recibieron estos y otros fondos” dando a entender que la investigación judicial no es contra el Gobierno vasco, que aún no ha decidido si se personan o no en la causa.
