El juez Ruz investigará lo sucedido con los contratos de la Comunidad de Madrid

Madrid

El juez Pablo Ruz ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido con los contratos de la Comunidad de Madrid relacionados con la trama Gürtel. El magistrado intentará averiguar si, como dice la Comunidad de Madrid, toda la documentación ya ha sido remitida, y si ha fallado algún canal de comunicación con la IGAE para elaborar el informe.

El juez Pablo Ruz ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido con los contratos de la Comunidad de Madrid relacionados con la trama Gürtel, según fuentes jurídicas consultadas por la SER. El magistrado intentará averiguar si, como dice la Comunidad de Madrid, toda la documentación ya ha sido remitida, y si ha fallado algún canal de comunicación con la IGAE para elaborar el informe. Si ha sido así, confirman las mismas fuentes, se recopilará toda la información y volverá a enviarse a la IGAE para que amplíe su informe con todos los datos.

En cualquier caso, estas fuentes jurídicas rechazan que la Comunidad de Madrid esté colaborando con este asunto. Recuerdan que el primer requerimiento para que enviasen toda la documentación sobre los 347 contratos con la Gürtel fue emitido hace cinco años. Como no remitían toda la información, en julio de 2012 el juez Ruz hizo un segundo requerimiento a la Comunidad de Madrid, que fue contestado con el silencio hasta el tercer requerimiento del pasado 27 de septiembre, cuando el juez puso un plazo improrrogable de cinco días.

Además, la Comunidad de Madrid contestó mal, recuerdan las mismas fuentes, pues el juez les dijo que canalizasen las facturas por los 71 actos desde Presidencia, y la Comunidad remitió la información a través de las distintas consejerías y por vías distintas, en lugar de facilitar los trámites al juzgado.

Las mismas fuentes recalcan que los hechos definitivos no cambian. La Comunidad de Madrid pagó 8,7 millones a la Gürtel hasta 2006 mediante adjudicaciones supuestamente irregulares. Con un sistema generalizado para amañar los contratos saltándose la ley. Los investigadores inciden en que la comunidad utilizó contratos fraccionados para evitar la publicidad y la pública concurrencia entre otros métodos.

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Entre los actos facturados de esta forma, varios de la presidenta Esperanza Aguirre, u homenajes a las víctimas del 11-M, y Miguel Ángel Blanco.

Por su parte, fuentes policiales aseguran a la SER que de momento no están en disposición de contestar al portavoz del Gobierno madrileño, Salvador Victoria, quien ha acusado a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) de no hacerle llegar toda la documentación de la comunidad al juez Ruz.