Dictan apertura de juicio oral contra dos ex ediles socialistas y seis técnicos de Benidorm por el “Caso Enchufes”

Benidorm

El Juzgado de Instrucción nº2 de Benidorm ha dictado apertura de juicio oral por el “Caso Enchufes” en el que se investiga supuestas irregularidades en la política de contratación de personal y la cobertura de distintas plazas por parte del anterior gobierno socialista de la ciudad.

En un auto de 16 de octubre de 2023 al que Radio Benidorm ha tenido acceso la jueza decreta la apertura de juicio oral, a petición del Ministerio Fiscal y la acusación particular que ejerce el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), contra dos ex ediles y seis técnicos del Ayuntamiento imputados por supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias.

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Será ahora la Audiencia Provincial de Alicante la que determine la fecha del juicio después de que los acusados comparezcan en la causa.

Anteriormente varios de los imputados habían presentado recursos para evitar la apertura de juicio oral solicitando que se declarara prescrita la causa a lo que la Fiscalía Provincial de Alicante se opuso.

Los encausados son los ex ediles socialistas Natalia Guijarro y Juan Ramón Martínez, además de dos representantes de sindicatos y cuatro técnicos municipales. Se enfrentan a penas de 8 años y 6 meses de inhabilitación para cargo público en el caso del delito continuado de prevaricación administrativa y de 4 años y 6 meses de prisión y 7 años de inhabilitación por malversación.

43 "enchufados" y un desajuste presupuestario de 4,5 millones

La investigación parte de una denuncia del Ministerio Fiscal a instancias de otra del Sindicato Profesional de Policías y Bombero de Benidorm que ponía sobre aviso la posibilidad de que la Relación de Puestos de Trabajo de 2010, aprobada en pleno pese a un informe contrario del Interventor municipal, incluía una subida salarial que suponía un aumento de la masa salarial del personal del Ayuntamiento superior a la máxima autorizada para ese año. Además, también “se crearon y cubrieron determinadas plazas cuya urgencia y necesidad no estaba justificada”.

La acusación también recoge la creación y cobertura “de un elevado número de plazas de personal laboral temporal” pese a las restricciones establecidas por ley en ese momento y que la parte acusadora cifró en “43 enchufados”. Así cuando la tasa establecida para el personal funcionario de nuevo ingreso era de 3, fueron 13 los que se incorporaron. Todo ello produjo un desajuste en la partida presupuestaria de personal de 4,5 millones de euros.