El Ayuntamiento de Noja podría ir a la bancarrota si prospera la reclamación de Nocanor

Noja (Cantabria)

La alcaldesa de Noja, Mireia Maza, explica que en la vista que ha tenido lugar el pasado martes, 11 de julio, la empresa del exalcalde reiteró su petición de ser indemnizada por los daños que, según alega, se le ocasionaron en la etapa de gobierno del popular Jesús Díaz, entre 2006 y 2011.

La Audiencia Provincial de Cantabria condenó a diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a Jesús Díaz y a nueve años de inhabilitación al entonces secretario municipal. Y exoneró al Ayuntamiento de Noja de toda responsabilidad civil.

Pero esa sentencia fue recurrida por Díaz, que pide que le absuelvan, y por Nocanor, que reclama que el Ayuntamiento se haga cargo de la indemnización, de 12 millones más intereses.

La empresa de Ruiz también ha solicitado que con la sentencia que dicte el Tribunal Supremo, que será previsiblemente en los próximos meses, se devuelvan los autos a la Audiencia Provincial de Cantabria para que sea este tribunal el que fije los daños y perjuicios que pudieran haberse causado. La regidora ha recordado que, hasta la fecha, el Ayuntamiento ha sido exonerado de toda culpa, hasta el punto de que la Audiencia Provincial ha absuelto a esta administración local de toda responsabilidad civil.

Pero si la reclamación ante el Tribunal Supremo es aceptada y las partes implicadas se declaran insolventes, la administración local debería de responder subsidiariamente de los daños causados a Nocanor, tal y como especifica la ley.

15 millones de euros

Ello supondría que el Consistorio de Noja estaría obligado a pagar 15 millones de euros, incluidos los intereses, al ex alcalde regionalista, Miguel Ángel Ruiz, por una guerra en la que el Ayuntamiento ha sido el convidado de piedra y en la que los perjudicados serían todos los vecinos, ha lamentado Maza.

La alcaldesa ha señalado que, dado que el presupuesto municipal está en torno a los 11 millones de euros, una sentencia favorable para el propietario de Nocanor limitaría o anularía la capacidad inversora del Ayuntamiento, y por lo tanto no se podrían llevar a cabo proyectos e inversiones muy necesarias destinadas al mantenimiento de los servicios, la actividad y gestión diaria municipal y el desarrollo de la localidad.