Los constructores de Cantabria se personan como acusación popular en el caso de las adjudicaciones irregulares

Santander

La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria guarda silencio. El presidente, Javier Palomera, no quiere pronunciarse sobre el escándalo de las adjudicaciones irregulares en el servicio de carreteras. El sumario apunta a otras 19 empresas constructoras que habrían pagadocomisiones al jefe de servicio de carreteras, a cambio de adjudicaciones de obra pública.

La jueza que instruye el caso, Mercedes Compostizo, ha desestimado la petición de las Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria de personarse como acusación particular. Considera que "carece" de la condición de perjudicada. Por ello, los constructores han solicitado personarse como acusación popular. Javier Palomera no quiere hacer declaraciones, a pesar del número de empresas constructoras que estarían implicadas en la trama.

Pagos de otras empresas

El jefe del servicio de carreteras de Cantabria, en prisión desde el 24 de febrero por supuestos contratos irregulares, pudo recibir pagos desde 2003 de hasta 19 empresas de Cantabria, Asturias y Castilla y León lo que presuntamente llevó a que incrementara su patrimonio de 162.000 a más de 4 millones de euros.

Según informa RTVE en Cantabria y El Diario Montañés, el sumario de esta causa, por la que también han sido detenidas la mujer y las dos hijas del funcionario y cuatro empresarios cántabros, todos en libertad con cargos, apunta que la actuación de Miguel A.D.B. pudo iniciarse hace veinte años, aunque los hechos anteriores a 2012 estarían prescritos.

Miguel A.D.B. pudo haber solicitado "mordidas" desde 2003 a cambio de favorecer a empresas que trabajaban con la administración regional, según los informes de la Agencia Tributaria y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que constan en el sumario, para el enriquecimiento del entramado que supuestamente generó con su mujer y sus dos hijas, que ahora tienen 20 y 22 años.

Los pagos que presuntamente recibió este funcionario, que también trabajó entre 1995 y 1998 para el Principado de Asturias, provendrían de 19 empresas, 14 de Cantabria, cinco de Asturias y Castilla y León, aunque, según señala El Diario Montañés, sus vínculos con Castilla y León solo se relacionarían con una cuenta que tiene abierta en León y que contaba con apoyo contable de una asesoría de esa ciudad.

Las cantidades que supuestamente darían las empresas a este funcionario por favorecerlas en contratos públicos habrían llegado a los 4,6 millones de euros entre 2003 y 2011, unos hechos que estarían prescritos, pero que constan en la investigación de esta causa, en el que se indica que Miguel A.D.B. presuntamente acabó con esa actividad en 2012 hasta 2019, cuando volvió a recibir pagos de esas características.

Varias de esas cantidades eran supuestamente recibidas de forma directa o indirecta por su esposa, administradora única de una empresa de fotocopias que se creó en 2021, con domicilio en la casa de la familia, sin actividad, de la que eran socias la mujer y las dos hijas, y que llegó a ingresar en un año más de 600.000 euros con apenas 8.000 de gastos.

Sin embargo, antes de 2012, la familia ya tuvo otra empresa, que supuestamente también utilizaba para justificar los pagos que recibían de las empresas