"Supondría un atentado medioambiental y un despilfarro de dinero público": piden paralizar el Circuito del Motor de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Con un presupuesto de más de 50 millones de euros y algo más de cinco años de trabajos, el Cabildo de Tenerife ha dado luz verde a a licitar las obras del Circuito del Motor contemplado en Granadilla de Abona. Fue el 8 de febrero cuando el consejero de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura informó a través de sus redes sociales de este paso asegurando "tras décadas de espera" el proyecto dará respuesta "a la demanda del sector y de la numerosa afición que tiene el mundo del motor en la isla". Se estima que la maquinaria sobre el terreno pudiera comenzar a levantar las instalaciones en el segundo semestre de 2023.

En un vídeo difundido a través de Twitter, Enrique Arriaga aseguró que se convertirá "en uno de los seis autódromos de todo el mundo que cuente con las máximas homologaciones para coches y motor otorgadas por las federaciones internacionales". Sin embargo, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza insiste en pedir al equipo de gobierno de la corporación insular que paralice el Circuito del Motor. Su portavoz, Eustaquio Villalba ha denunciado reiteradamente la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Este no es, no obstante, un posicionamiento aislado del grupo ecologista. Y es que un informe emitido por la Unidad de Apoyo de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEAT) el pasado 9 de noviembre de 2022 pone de manifiesto la "necesidad de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental".

El contenido de este informe, recogido en primer término por Público y Atlántico Hoy, concluye esta necesidad "aun reconociendo que se trata de una interpretación" y estima que "la declaración de impacto ambiental del 2011 estaría caducada" por lo que "esta conclusión invalida, a juicio del técnico que suscribe, la reanudación de las obras ligadas al proyecto constructivo del circuito del motor y accesos, tal como se contempla en los cuatro proyectos modificados analizados".

Décadas sobre el tablero político

El Circuito del Motor lleva planeando sobre la isla varias décadas con el beneplácito de distintos grupos políticos. Fue el 19 de junio de 2006 cuando la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias emitió la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental respecto al planeamiento urbanístico de la actuación encajada "en un suelo clasificado como rústico". Años después, en una sesión celebrada el 30 de marzo de 2011, aprobó "a los solos efectos ambientales, la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado 'Complejo Deportivo del Centro Insular del Motor', promovido por el Cabildo Insular".

La larga historia del Circuito del Motor no acaba ahí. En 2017, el Cabildo asumió las obras de ejecución e inició "el expediente de resolución del contrato con la empresa Onda Rossa SL", que era la responsable de la construcción y explotación del proyecto. En una nota de prensa difundida entonces, la corporación aseguraba que "las razones por las que no se han ejecutado las obras este año con el ritmo previsto no son responsabilidad del Cabildo sino de la empresa contratista, a la que la Corporación insular ha requerido en varias reuniones que cumpliera los plazos acordados.

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Desde entonces, el proyecto ha estado sometido a un sinfín de trámites administrativos: licitaciones, consultas, redacciones, presentaciones... Hasta ahora, cuando el Cabildo ha dado vía libre al impulso del Circuito del Motor a pesar de las sugerencias del informe de la Unidad de Apoyo de la CEAT que abre el debate sobre la caducidad de la DIA. Este estudio jurídico indica que la evaluación ambiental no puede tener una vigencia ad eternum sino que ha de ceñirse al plazo de duración previsto para las obras contenidas en el proyecto evaluado".

Al respecto, uno de los condicionantes contemplados por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias hace ya más de una década era que "la presente Declaración de Impacto Ambiental caducará si no se comienza la ejecución del proyecto en el plazo de cinco años desde la notificación del acuerdo-resolución del órgano ambiental actuante al órgano promotor". Es en este punto en el que ATAN entiende la caducidad ya que "el Circuito del Motor es del 2011. Lo único que se ha hecho es mover un poco las tierras para decir que se habían iniciado las obras, pero no hay tal inicio de obra. Eso supondría un atentado medioambiental y, al mismo tiempo, un despilfarro del dinero público".

Asimismo, el informe de la Unidad de Apoyo insta a "reflexionar sobre el hecho de si entender vigente la DIA que nos ocupa, por haberse realizado una ínfima parte de las actuaciones previstas, superando el tiempo proyectado y evitando el realizar una nueva evaluación ambiental -más acorde con la normativa y realidad vigente- podría, de alguna manera, estar restringiendo los derechos de participación pública en materia medioambiental (...)". En esta línea, concluye que "desde nuestra interpretación de la norma vigente acorde con la máxima protección ambiental, debe procederse a efectuar una nueva evaluación sobre la totalidad del proyecto, al estar caducada la evaluación ambiental que nos ocupa".

Este medio ha intentado recabar las declaraciones del responsable político del área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura del Cabildo de Tenerife sin que haya sido posible.

Sobre la proyección e intención política del Circuito del Motor, Eustaquio Villalba considera, además, que "no parece admisible que el Cabildo destine más de 50 millones a algo que no parece necesario, que supone destrozar una parte de nuestro territorio, mientras descuida otras actividades". "El dinero público está para otras cosas", ha asegurado sugiriendo mejorar, por ejemplo, las instalaciones sanitarias del sur de Tenerife.