Otorgada la autorización ambiental para la construcción de una explotación porcina en Grañén

Huesca

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental ha otorgado la Autorización Ambiental Integrada y formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de construcción de una explotación porcina de cebo, con capacidad hasta 5.760 plazas a ubicar en una parcela del Polígono 4 del término municipal de Grañén. La explotación está promovida por la empresa Callén XXI, S.L.

La parcela donde se ubicará la instalación está considerada como suelo nor urbanizable genérico, compatible con el uso ganadero, según del PGOU de Grañén. Se sitúa a 2.240 metros del núcleo de Barbués, por lo que cumple la legislación en cuanto a distancias a núcleos urbanos, a 299 metros de una vía pecuaria y a 200 metros de un yacimiento arqueológico “Callén”.

Está previsto construir en ella tres naves, una caseta de oficina de vestuarios, dos balsas de purines y una fosa de cadáveres.

El titular de la explotación ganadera deberá adoptar medidas para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global para reducir el nitrógeno total excretado y las emisiones de amoniaco, para utilizar eficientemente el agua, para reducir la generación y vertido de aguas residuales, para utilizar eficientemente la energía, evitar o reducir las emisiones de ruido, evitar o reducir las emisiones de olores o para evitar emisiones al suelo.

Hay que recordar que este proyecto data del año 2016, cuando comenzó la tramitación y la solicitud de permisos para una explotación porcina de cebo para 7.200 plazas. Desde entonces y hasta ahora, el proyecto ha sufrido varias modificaciones. En 2018 presentó una reducción de la capacidad hasta las 2.688 plazas de cebo, para poder cumplir con las distancias mínimas exigidas entre explotaciones porcinas y el yacimiento arqueológico.

Finalmente, en agosto de 2020, el promotor solicitó modificar de nuevo el proyecto, ampliando las plazas a construir hasta las 5.760, un incremento que duplicaba el número de plazas del proyecto que se había sometido a información pública, por lo que hubo que retrotraer el expediente hasta el trámite de la información pública y la petición de informes a los organismos afectados.