Interventora y, a la vez, casera municipal
Bartolomé González instaló la concejalía de Educación en un piso de la ex interventora, Javier Bello rescindió el contrato de forma unilateral y, ahora, el Ayuntamiento tendrá que indemnizarla con 300.000 euros por impagos. "Nunca se debería haber firmado ese contrato. Al final, como siempre, quien paga son los vecinos. Que la propia interventora alquile un local al Ayuntamiento, ¿entra dentro de los ético?", se pregunta el concejal de Hacienda, Fernando Fernández Lara.
28/09/2016 - 01:01
Javier Galicia | E. Sánchez
Alcalá de Henares
