Salud mental: tampoco en las prisiones

Farmacoterapia. Es decir, pastillas. Ese es el tratamiento fundamental para problemas de salud mental en las cárceles españolas. Lo cual no es sorprendente, según dice el Comité para la Prevención de la Tortura, dada la falta de profesionales sanitarios y sociosanitarios que pudieran recurrir a otras terapias.

En un momento en que la sociedad española empieza a hablar con claridad de la poco cuidada salud mental, que esto suceda en las prisiones no es sorprendente. Pero está en la línea de lo que los informes de este comité, que depende del Consejo de Europa, lleva advirtiendo desde hace años.

Los informes describen una visita tras otra la falta de personal específico, y cómo determinados problemas mentales son tratados con castigos. Por ejemplo conductas autolíticas tras las que se impone aislamiento a la persona, con sujeción con esposas a la cama.

Los expertos del comité que visitaron varios centros de internamiento en 2020 para elaborar este informe, son muy críticos con la falta de enfoque de género en la política penitenciaria española. Por ejemplo explican que las mujeres son más proclives a tener problemas de salud mental, de drogadicción, o de haber sufrido abusos o malos tratos antes de ingresar en prisión. Y reitera a las autoridades españolas su petición de cambiar esto.

En general la atención sanitaria en las cárceles españolas es buena, con algunos aspectos señalados incluso como muy buenos. Pero falta personal de enfermería, de medicina, y un enfoque más global sobre la salud de quienes están en prisión. Pide que la atención sanitaria que presta Instituciones Penitenciarias (el informe no analiza las prisiones catalanas, que dependen de la Generalitat) se incorpore al Sistema Nacional de Salud. Consideran que el modus operandi adoptado desde hace años no está dando los resultados deseados.

El informe critica que se siga pasando por alto sistemáticamente la confidencialidad, dado que el primer paso que da la persona en prisión que requiere atención médica lo da con funcionarios de Instituciones. Piden un sistema en el que, como paciente, la persona recurra directamente a instancias médicas.

Agresiones en comisarías

Este informe es especialmente duro en la denuncia de abusos físicos sobre quienes están privados de libertad, lo que incluye prisiones, comisarías y centros de menores. Los expertos que han elaborado el informe señalan especialmente a la Policía Nacional, con algo más que casos aislados: guantazos, puñetazos y golpes el cuerpo y cabeza, con varios casos documentados en los que las agresiones han provocado heridas y moratones.

Además de un rotundo y claro mensaje de rechazo a estas prácticas por parte del poder político, el Comité contra la Tortura pide medidas concretas, como mejorar la videovigilancia en comisarías y centros de internamiento, para evitar zonas de oscuridad en que los abusos pasen desapercibidos.

Se vuelve a señalar el tiempo en que la persona está detenida en comisaría, o durante su traslado, como el momento más vulnerable para recibir malos tratos. Lo peor es que señala como uno de los motivos la obtención de confesiones, o ensañamiento racista por parte de agentes y funcionarios.