El 70% de las familias que reciben el Ingreso Mínimo Vital son monomarentales
El Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Eugenio José Gasco, asegura que los incrementos en la cuantía del IMV no son suficientes para atender a los 400.000 niños en pobreza severa
Imagen del desahucio de una mujer y sus hijos en Madrid / Getty Images
Madrid
El Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Eugenio José Gasco, subrayó este miércoles que el 70% de las familias que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) son monomarentales, una prestación que, avanzó, “ha venido para quedarse, esté quien esté en el Gobierno, porque no creo que nadie se atreva a quitarla”.
Lo dijo durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados en la que explicó las partidas del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) referidos a su departamento.
Eugenio Gasco aprovechó el inicio de su intervención para efectuar un llamamiento para que la lucha contra la pobreza infantil sea “una causa de este país”, ya que resulta triste que frente a ella “no estemos todos juntos, que algunos se quieran quedar fuera”, lo que, a su juicio, “no es patriota, no es construir España, no es ayudar a quien realmente lo necesita”.
Esto le sirvió para aseverar que “los niños y los adolescentes necesitan políticas integrales, estructurales, permanentes en el tiempo, para volver adonde nos merecemos: estar entre los mejores de Europa”.
Recordó que hasta el año 2018 existía una prestación por hijo a cargo cuyo importe ascendía a alrededor de 30 euros por hijo al mes, una cifra que, durante el primer gobierno de Pedro Sánchez ascendió a 55 euros. Ahora, confirmó Eugenio Gasco, esa prestación se sustituirá por un complemento de hasta 100 euros por hijo a cargo que se incluirá en el IMV.
Esta ayuda permitirá que las familias perciban el IMV o con ingresos inferiores a los 32.000 euros recibir una ayuda de 100 euros si tienen hijos entre 0 y 3 años; de 70 euros, si sus hijos tienen entre 3 y 6 años; o de 40 euros, si sus hijos tienen edades comprendidas entre 6 y 18 años.
Desde su punto de vista, esto representa un “cambio de paradigma”, instaurando un “nuevo pilar” del Estado del bienestar, lo cual es un “mérito de todos”. Por ello, reclamó al PP y a Vox que “en esto estemos todos, porque el país, España, y nosotros nos lo merecemos”.
Auguró que el IMV “ha venido para quedarse, esté quien esté en el Gobierno, porque no creo que nadie se atreva a quitarla”, máxime cuando el 70% de sus destinatarios son familias monomarentales.
A pesar de ello, reconoció que el incremento de la cuantía de las ayudas “no es suficiente”, como lo demuestra el hecho de que, aunque más de 300.000 niños reciben una cantidad económica susceptible de garantizarle un “mínimo vital de subsistencia con sus familias”, no se llega a los 400.000 menores que viven en pobreza severa.
Añadió que hay un 20% de familias con menores a cargo que todavía no han pedido el IMV porque “no saben que tienen derecho a ello o por un requisito no correcto o no adecuado” en el trámite. De este modo, dejó claro que el Gobierno está comprometido a “subsanar” esta situación.
Por otro lado, Eugenio Gasco destacó que el Gobierno destinará un total de 779 millones de euros a la Garantía Infantil en España, una medida destinada a combatir la pobreza entre los menores y sus consecuencias, de los que 527 millones procederán del Fondo Social Europeo Plus y el resto del presupuesto nacional, y avanzó que a lo largo del primer trimestre del año próximo se presentará el plan nacional para erradicar la pobreza infantil.
También expuso su satisfacción por haber logrado que quienes realicen contribuciones económicas a los programas desarrollados en el marco de la Alianza País por la Pobreza Infantil Cero tengan, con la Ley de Mecenazgo, un “beneficio fiscal”, ya que las Administraciones Públicas “no pueden resolver por sí solas esta cuestión” y resulta adecuado que se unan con el Tercer Sector, las empresas y las fundaciones.
Por último, indicó la próxima puesta en marcha de un “plan de recuperación económica y resiliencia para la capacitación de jóvenes entre 10 y 18 años en nuevas tecnologías para la posterior empleabilidad”, que estará dotado con 220 millones, del que se podrán beneficiar alrededor de 700.000 chavales y que se aplicará en colaboración con los ayuntamientos y las empresas del sector.
