El trauma de la agónica guerra civil regresa a Beirut

Estambul

Violencia sectaria para tapar un escándalo político. Ha vuelto a ocurrir, una vez más, en el país donde las tragedias se apilan y sirven de excusa para sostener un anquilosado sistema de cuotas sectarias donde unos pocos se benefician lucrándose con sus beneficios y una mayoría lo sufre. Hablamos del Líbano. Esta vez, los esfuerzos por hacer justicia con las víctimas de la explosión del puerto de Beirut han sido emponzoñados por una batalla sangrienta en pleno centro capitalino.

La Corte Civil de Casación fallaba hoy sobre la tercera demanda de los abogados del exministro de Finanzas del partido chií Amal, Ali Hassan Khalil, de destitución del juez Tarek Bitar, instructor de la causa por la explosión que dejó 218 muertos en agosto de 2020. Emitieron su moción el martes pasado, pocas horas después de que Bitar ordenase el arresto del político luego por no acudir a declarar. Para Amal y Hezbolá, la fuerza chií hermana, Bitar está “politizado”.

El Tribunal falló en contra de los investigados, pero poco importó eso cuando se desató el caos. Por unas horas, a lo largo de la famosa línea verde, que hace cuatro décadas dividió los barrios chiíes y cristianos del centro de Beirut con trincheras y alambradas, volvieron a retronar los fusiles e incluso las granadas. Una transeúnte murió. Los niños de las escuelas cercanas, aterrados, tuvieron que esconderse en los pasillos. Finalmente, hubo seis muertos y 30 heridos.

¿Quién comenzó? En un comunicado compartido en las redes sociales, el ejército libanés, que se desplegó en las calles afectadas y amenazó con disparar a cualquiera que portase un arma, indicó que “cuando los manifestantes [de Hezbolá y Amal] se dirigían a la Corte de Justicia de Beirut, cayeron bajo fuego procedente de los distritos de Tayuouné y Badaro”. Esto es, de la zona controlada por las Fuerzas Libanesas, un grupo cristiano de derechas financiado por Arabia Saudí.

Hezbolá -a su vez respaldada por Irán- y Amal acataron la tregua que pareció consolidarse durante la tarde del jueves, culpando a sus rivales de una “operación intencionada” mediante el uso de “francotiradores”. Los cristianos reaccionaron a la presencia de simpatizantes y miembros de los partidos chiíes en las calles donde son mayoría, aledañas al Tribunal de Justicia. Su líder, Samir Geagea, achacó la violencia a la amplia presencia de armas en la sociedad libanesa.

Aunque la desestimación de la Corte de Casación permite que el juez Bitar pueda seguir llamando a políticos para prestarles declaración y esclarecer así la catástrofe del puerto de Beirut, lo sucedido redobla la presión sobre él. Para la mayoría de observadores, los intentos de relevar al magistrado -Tarek Bitar, de hecho, entró en febrero para sustituir al juez suspendido anteriormente con mociones similares- tienen como intención entorpecer la instrucción de la causa.

La meta final es, temen las víctimas, conseguir que otra tragedia provocada por la corrupción generalizada de la clase política libanesa se salde sin que nadie rinda cuentas. Entretanto, el país sigue arrastrándose hacia el abismo. A la crisis financiera que desde años sacude el país, necesitado de un urgente rescate del Fondo Monetario internacional, se le suma una inflación galopante y una carestía de combustible, que el fin de semana pasado dejó Beirut 24 horas a oscuras.