El año judicial echa a andar sin la renovación en tres altos organismos judiciales

La institución que más retraso acumula en su renovación es la del CGPJ cuyos 20 vocales llevan casi tres años trabajando en funciones a la espera de que el PP suspenda el bloqueo político y acepte el relevo de todos los vocales. Una situación calificada como «insostenible» por las asociaciones de jueces que se debaten entre reformar primero el sistema de elección de los vocales y luego proceder a la renovación, o cambiar a los vocales y posteriormente acometer la reforma de la ley. El rey Felipe VI inaugura el año judicial con la presencia del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes y la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado que leerán los discursos de apertura. Junto a ellos estará la cúpula de la judicatura, la ministra de Justicia, Pilar Llop y otros representantes políticos y de la magistratura para escuchar el resumen del año 2020 y los propósitos para este año entre los que destacan la renovación urgente de varios organismo judiciales como el órgano de gobierno de los jueces. Se cumplen 1.000 días desde que el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está en funciones (4 de diciembre de 2018). El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, ya avisó «a los poderes públicos concernidos» en la apertura del Año Judicial en septiembre de 2020 que la no renovación del órgano de los jueces representaba «una seria anomalía». Ahora el discurso de Lesmes previsto para la apertura del año judicial 2021, insistirá no solo en la denuncia de que la falta de renovación implica «debilitar la independencia judicial», sino además precisará ante el rey Felipe VI , que no se debe culpar del bloqueo al Consejo porque la institución no es parte responsable, sino perjudicada. El CGPJ tiene entre otras atribuciones el deber de nombrar a los magistrados de las salas del Tribunal Supremo que enjuician los casos que afectan a los aforados o las decisiones del gobierno. Solo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo hay siete vacantes por fallecimiento o jubilación y en los próximos meses, esta Sala debe decidir, por ejemplo, sobre los recursos presentados contra los indultos concedidos por el Gobierno a los condenados por el procés, y ha de resolver la impugnación contra la designación de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado. La asociación progresista Jueces para la Democracia culpa al PP de boicotear «sistemáticamente» acuerdos que estaban prácticamente cerrados y de negarse a adoptar otros «por intereses electorales y partidistas». «Para ello esgrime diversas excusas», para mantener una actitud «obstruccionista y antidemocrática» no solo respecto al CGPJ, sino también para el resto de instituciones pendientes de renovación, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. «En definitiva, dicho partido se ha instalado en una suerte de insumisión constitucional, negándose a dicha renovación pese al inequívoco mandato legal», afirma JJPD. El Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV) proponen que antes de acometer una renovación de los vocales del órgano se debe reformar el sistema de elección de modo que los 12 vocales de origen judicial sean elegidos por los propios jueces. La situación es «insostenible» y lo seguirá siendo aunque se renueve el órgano porque no mejorará la percepción de independencia del CGPJ. Indican que mientras que no se acometen las reformas que pide la Unión Europea, su legitimidad estará en entredicho: «Hay que renovar el CGPJ, pero también el sistema, las dos cosas van unidas». Desde la asociación mayoritaria de jueces en España, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), han mantenido a lo largo de los últimos meses que se tiene que renovar cuanto antes el Consejo y que hay que abordar la reforma de la LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial) para que los miembros de esta institución sean elegidos directamente por los jueces. La ley señala que el órgano de gobierno de los jueces debe estar integrado por el presidente del Tribunal Supremo y por veinte vocales, de los cuales doce serán jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial, y ocho juristas de reconocida competencia. Esos veinte vocales son designados por las Cortes Generales atendiendo al principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres. En concreto, cada cámara elige por mayoría de tres quintos a diez vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial. Las advertencias de Europa sobre la parálisis de la renovación vienen de lejos, de hecho ya en octubre de 2020 el presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, Marin Mrcêla, se dirigió por carta al Ministerio de Justicia para advertirle de que la iniciativa legislativa del Gobierno de coalición dirigida a rebajar la mayoría suficiente para renovar a los miembros del CGPJ se apartaba de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros. El propio comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ya ha puesto de manifiesto en varias ocasiones que deben ser los jueces y magistrados los que elijan al menos a la mitad del Consejo, y que España debería hacer las reformas necesarias. El bloqueo político latente entre el PP y PSOE no sólo afecta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya que el Tribunal Constitucional (TC) también afronta un nuevo Año Judicial pendiente de la renovación de cuatro de sus doce miembros,desde hace un año y nueve meses. Son los que corresponde elegir al Congreso de los Diputados y su mandato de nueve años expiró en noviembre de 2019. La Constitución establece que de los doce miembros que integran el Alto Tribunal, cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, por el Gobierno; y otros dos por el CGPJ. Todos ellos son designados por un periodo de nueve años. Están pendientes de renovación Juan Jose González Rivas (presidente), Encarnación Roca, Andrés Ollero y Fernando Valdés (vacante por renuncia) En este tiempo de interinidad se han dado decisiones relevantes como la que se produjo en julio sobre el primer estado de alarma. Entonces, el Pleno del TC estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el real decreto por el que el Gobierno declaró el primer estado de alarma, que entró en vigor el 14 de marzo de 2020. Con una mayoría de 6 a 5 magistrados, el tribunal de garantías declaró inconstitucional el confinamiento, es decir la limitación del circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba la norma, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial. Los votos particulares de varios magistrados del sector progresista y alguno del sector conservador, denuncian con «preocupación» un cambio encubierto «inadecuadamente justificado» en el criterio seguido desde hace 40 años que está anulando los últimos decretos ley del gobierno socialista como el de radiotelevisión española, el CNI o el de la igualdad laboral y salarial de hombres y mujeres. Tras este varapalo judicial al Gobierno, se espera ahora la resolución de otros dos recursos presentados por el partido de Abascal ante el TC y que están relacionados también con la gestión de la pandemia. El Tribunal de Cuentas concluyó su mandato el 23 de julio sin que existan a corto plazo perspectivas para la renovación de sus consejeros, que requiere un consenso entre el Gobierno de coalición y el PP, como primer partido de la oposición, puesto que los candidatos necesitan el respaldo de 210 diputados. El acuerdo se perfila aún más complicado después de que el órgano fiscalizador se haya situado en el «punto de mira» del independentismo por sus actuaciones para reclamar cantidades millonarias a exaltos cargos de la Generalitat por el dinero público supuestamente desviado para promocionar el proceso secesionista. El Congreso de los Diputados y el Senado eligen a los 12 consejeros de cuentas (seis cada Cámara) mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una, por un periodo de nueve años. Se seleccionan entre miembros del Tribunal de Cuentas, profesores de universidad y funcionarios con titulación académica superior, abogados, economistas y profesores mercantiles.