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Las plataformas de reparto ponen a prueba la 'ley rider'

Las empresas lamentan la falta de tiempo y apuestan por las subcontratas y los autónomos para adaptarse a la normativa, que obliga a contratar a los repartidores.

Los sindicatos piden al Gobierno que vigile a las plataformas y ya han presentado las primeras denuncias.

La 'ley rider' entra en vigor con polémica por su aplicación. / Juan Carlos Hidalgo (EFE)

La 'ley rider' entra en vigor con polémica por su aplicación.

Madrid

Este jueves ha entrado en vigor el Real Decreto-Ley que regula las relaciones laborales entre las plataformas digitales y los repartidores, conocida como 'ley rider'. Esta normativa obliga a las empresas a convertir en trabajadores asalariados a los repartidores que hasta ahora ejercían como 'falsos autónomos', según estableció el propio Tribunal Supremo. Con la entrada en vigor de la ley terminaba el plazo de tres meses que tenían las plataformas para adaptarse a la nueva normativa. Algunas empresas han planteado fórmulas que los sindicatos consideran contrarias a lo que establece la nueva ley.

Uber Eats ha informado a sus 'riders' de que va a comenzar a subcontratar los servicios de reparto a otras empresas. Una idea de la que recelan los sindicatos. "Esto es una adaptación a medias porque puede generar otros problemas en relación con la cesión ilegal de trabajadores", explica a la Cadena SER el secretario confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de Comisiones Obreras, Carlos Gutiérrez. Para Felipe Corredor, portavoz de Riders x Derechos, "Uber Eats pasa del fraude de los falsos autónomos al fraude de la subcontratación". En su opinión, "la compañía va a contratar solo a algunos y va a dejar por fuera a muchos trabajadores sin tratarlo como un ERE, que es lo que es".

Desde la empresa aseguran que trabajan para cumplir con las nuevas condiciones. "Estamos comprometidos con ser un socio a largo plazo en España y estamos trabajando para adaptar nuestro negocio de comida a domicilio a la nueva normativa. Confiamos que el Gobierno garantice que todos los operadores del sector cumplan con las nuevas regulaciones y compitan en igualdad de condiciones", ha asegurado una portavoz de la compañía a la redacción de Hoy por Hoy.

Denuncia contra Glovo

Glovo tiene la intención de contratar a unos 2.000 repartidores hasta final de año en su proceso de adaptación a la ley. El resto de sus 'riders' seguirán siendo autónomos y la empresa buscará la forma de encajar esta figura en el nuevo marco regulatorio. Un "modelo inédito", dice la compañía en un comunicado, que "sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea" y "permitirá simultanear otras aplicaciones y actividades con total flexibilidad, autonomía e independencia". CCOO considera que la propuesta podría vulnerar la ley y ya la ha denunciado ante Inspección de Trabajo para que se asegure de que es legal.

"El Estado tiene que garantizar el cumplimiento de la legislación laboral. No vale aprobar una normativa para que luego las empresas las sigan incumpliendo", dice Carlos Gutiérrez. En un comunicado, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, pedía al Gobierno "que extreme la vigilancia desde el primer día para asegurar el cumplimiento de esta ley".

Adaptación "a contrarreloj"

"Hemos trabajado a contrarreloj durante los últimos meses para adaptarnos a la regulación, contando para ello con un periodo de transición muy corto para un cambio de tal magnitud", escriben desde Glovo. Una transición que quieren que sea "real y justa, que cumpla con el marco legal y recoja la realidad del sector".

Desde Adigital, patronal de la economía digital, consideran que "la manera en la que las empresas se adaptarán para cumplir con la normativa sobre trabajo en plataformas digitales es algo que solo depende de las propias compañías y de su visión y estrategia de negocio". "Insistimos en la importancia de apostar por una regulación inteligente que se adapte al proceso de transformación en que estamos inmersos y, por tanto, a las nuevas demandas de la sociedad y la economía", señalan en un comunicado.

De las principales plataformas de reparto, solo Just Eat ha decidido adaptarse a la ley mediante la negociación con los sindicatos de un convenio de empresa que recoja los derechos individuales y colectivos de sus repartidores. Deliveroo, por su parte, anunció hace dos semanas su intención de dejar de operar en España, aunque ha avanzado que contratará a sus trabajadores antes de aplicar el despido colectivo.

Algoritmo transparente

Además del reconocimiento laboral de los trabajadores, otro gran avance de esta ley, según los sindicatos y organizaciones de repartidores, es que van a poder conocer el algoritmo: el mecanismo, que utilizan las aplicaciones para organizar el trabajo. Las empresas tendrán que informar a los representantes de las plantillas "de los datos de los trabajadores utilizados para el funcionamiento del algoritmo, la lógica que tiene este algoritmo, y las repercusiones que puede tener sobre las condiciones laborales de los trabajadores", explica Carlos Gutiérrez.

"El algoritmo organiza el trabajo y es necesario que sea transparente cómo lo organiza", señala Felipe Corredor, quien destaca que "es la primera ley en el mundo que lo reconoce". Eso sí, todos coinciden en la necesidad de que la ley vaya más allá y extienda la regularización laboral de las plantillas y el acceso al algoritmo a todas las plataformas digitales, no solo a las de reparto.

La 'ley rider' fue acordada hace seis meses por el Ministerio de Trabajo, los sindicatos UGT y CCOO, y las patronales CEOE y CEPYME. A la redacción final de la normativa se oponen: Adgital, la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que agrupa a Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats, y organizaciones de repartidores como la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA). "Si había falsos autónomos se tenía regularizar, pero los que ya eran verdaderos autónomos lo que queríamos era protección, en ningún caso discriminarnos y obligarnos a ser asalariados cuando la gran mayoría del colectivo no lo quiere ser", ha afirmado Jordi Mateo, portavoz de APRA, a SER Catalunya.

Carlos Sevilla

Carlos Sevilla

Periodista en la sección de Economía, donde cubro la información sobre consumo, energía y el sector...

 
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