Algunas comunidades piden ya la vacunación obligatoria para sanitarios y trabajadores de residencias

Madrid

Ante el auge de los contagios por coronavirus en las residencias de mayores, incluso en residentes vacunados, las comunidades empiezan a endurecer las restricciones y piden al Gobierno dar un paso más. La transmisión del virus se achaca al personal no vacunado y a la infectividad de la variante Delta, ya predominante en España. Con centenares de contagios y una decena de muertos en los centros de mayores de todo el país, algunas regiones piden que se imponga la vacunación obligatoria a sanitarios y trabajadores de esos centros.

Sin embargo, es un debate que está en el aire y que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, descartó hace una semana. "Las personas ya acuden mayoritariamente a vacunarse. Puede haber algún caso concreto y entonces habría que acordarse medidas concretas para esa situación, pero la obligación no es necesaria", dijo en una rueda de prensa después de reunirse con las comunidades para abordar las diferencias de criterio respecto al uso del certificado COVID para acceder al interior de algunos establecimientos.

Francia impone la vacunación obligatoria a sanitarios

En España no se puede obligar a la población por ley a vacunarse en circuntancias ordinarias, pero la Ley Orgánica 3/1986 ampara la posibilidad de establecerse la obligatoriedad de forma excepcional en cualquier situación que amenace a la salud pública. Galicia, Cantabria, Andalucía, Murcia, País Vasco o Murcia son algunas de las comunidades que apelan a esa herramienta jurídica para poder imponer la vacunación obligatoria a sanitarios y trabajadores de residencias, como ya ha hecho Francia o lo pantean Italia y Estados Unidos.

El Gobierno francés aprobó este jueves la obligación de que el personal médico se vacune contra la COVID-19 además de la imposición de presentar un certificado sanitario para acceder a bares y restaurantes. Italia, por su parte, ya ha comenzado a exigir el certificado COVID para consumir en establecimientos de la restauración y acceder a espacios cerrados de ocio, y a partir de septiembre lo exigirá a la comunidad educativa y para acceder a los medios de transporte público, con sanciones a quienes incumplan la medida. Además, también baraja la obligatoriedad de vacunar a los sanitarios y Estados Unidos inlcuso contempla obligar a toda la población. Así lo reconoció hace una semana el presidente del país, Joe Biden: "Me gustaría que los estados, las empresas privadas o los colegios siguieran en la línea de hacer obligatoria la vacunación".

Galicia, primera en pedir la obligatoriedad

En España, el primer dirigente autonómico en abrir este melón fue Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la Xunta de Galicia reconoció que "no es posible en este momento con la ley española", pero aboga por la vacunación obligatoria en determiandos supuestos. "¿Cuál es mi opinión? En determinados supuestos en los que el trabajo de una persona tiene relación directa con personas vulnerables, con enfermos, creo que debería prevalecer la salud pública general ante el hecho individual de la decisión o no de vacunarse", defendió en una entrevista a Europa Press.

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Asimismo, Feijoó consideró que se debería legislar la vacunación obligatoria a nivel estatal. "En esos casos, la ley debe preservar el interés general y señalar la necesidad, para poder ejercer la profesión, de la obligación de vacunarse. En el caso de que una persona para la que la vacuna esté señalada como obligatoria para ejercer ese trabajo insista en no hacerlo, es evidente que estaríamos en un conflicto de intereses. ¿Y qué prevalece ante ese conflicto de intereses? La salud pública", concluyó.

Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ya palnteó esta medida en la Conferencia de Presidentes de la pasada semanay adelantó en Cadena SER que si por él fuera, obligaría a toda la población a vacunarse. "No hacemos nada un 90% vacunado y un 5% infectando por ahí, ni podemos estar a expensas de unos insensatos que por motivos negacionistas o por antivacunas no quieran vacunarse", dijo en los micrófonos de Hoy por Hoy. En este sentido, Revilla sigue insistiendo y aboga por obligar por ley a la vacunación, al igual que existe "la obligación de pagar impuestos".

Organizaciones de mayores en Andalucía piden la vacunación obligatoria

 La Junta de Andalucía ya ha impuesto el certificado COVID para acceder al interior de la hostelería y del ocio nocturno, pero no se ha pronunciado por el momento ante la obligatoriedad de la vacunación en personal sanitario. Sí lo ha hecho la Federación de Organizaciones Andaluza de Mayores (FOAM) que ha solicitado al Gobierno andaluz y al central la vacunación "obligatoria de todos los trabajadores de las residencias". El presidente de la FOAM, Martín Durán, ha señalado que en Andalucía el 2,7% de estos trabajadores (1.009 personas), "no se han vacunado por voluntad propia y los que no lo han hecho tienen que ser conscientes de que trabajan en un sector en el que hay que anteponer la salud de los residentes a una libertad individual que nosotros defendemos, pero que no puede estar por encima del bienestar de nuestros mayores".

Desde el comienzo de la pandemia, en las residencias de mayores de Andalucía han fallecido por el coronavirus un total de 2.090 personas y se han contagiado 10.475. Al inicio de este mes, 45 residencias de mayores andaluzas han registrado algún positivo, lo que supone 41 más que el mes anterior, cuando solo había cuatro. Y un total de 110 residencias han notificado algún trabajador positivo, 93 más respecto a julio. En cuanto al número de residentes contagiados, ha ascendido a 422, 412 más, mientras que el de trabajadores ha crecido a 206, 182 más respecto a julio. Por su parte, los residentes hospitalizados han sido 40, cuando en julio no hubo ninguno.

Lo estudian en Murcia y Canarias

Asimismo, la Región de Murcia prevé abordar esta cuestión en la próxima reunión del Ejecutivo ante el auge de contagios entre sanitarios y personal de residencias. Según La Opinión de Murcia, los servicios jurídicos del Gobierno autonómico del están buscando la fórmula que les permita implantar la medida que no solo afectaría al personal sanitario de las residencias de mayores y de discapacitados, sino a todo el personal esencial, incluyendo al servicio de limpieza, de cocina, de lavandería o de seguridad.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, también se refirió en la Conferencia de Presidentes a la vacunación obligatoria del personal esencial, aunque rechaza la obligatoriedad de la población general. "No se puede obligar a la ciudadanía a vacunarse, pero es distinto a obligar a determinados empleados públicos porque la mayoría no puede pagar la inconsciencia de quien no quiera hacerlo", dijo. Así, el Ejecutivo canario está trabajando en la fórmula jurídica para poder llevar a cabo esta medida, ante el "varapalo de la Justicia" con otras restricciones, tal como criticó Torres.

División de opinión en País Vasco

Y la última comunidad que no lo tiene claro es País Vasco pues hay diferentes voces que no se ponen de acuerdo. El diputado de Álava, Ramiro González, dijo hace unos días que "las personas que no quieran vacunarse no deberían trabajar en contacto directo con personas que están en situación de riesgo como, por ejemplo, las personas mayores que están en las residencias". En este sentido, González reclamaba "instrumentos normativos que permitan impedir que las personas que no se quieren vacunar trabajen en las residencias".

Sin embargo, el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, se ha desmarcado de las palabras del diputado alavés y lal diputade ha recordado que la vacunación en España "no es obligatoria" y aboga por llevar a cabo otras medidas como la realización de cribados y pruebas PCR.  "Habría que ver a qué herramientas legales se está refiriendo", dijo Itxaso, quien apuntó a que "incluso algún Gobierno autonómico como el gallego decidió aprobar un decreto que luego ha sido motivo de una cierta litigiosidad, aunque parece que en las últimas horas se ha alcanzado un acuerdo para que se pueda evitar esa litigiosidad".