Sanidad advierte por escrito a las comunidades de que las nuevas medidas serán de obligado cumplimiento
Ahora las nuevas restricciones deben publicarse ahora en el BOE y en los distintos boletines autonómicos
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparece en rueda de prensa, tras presidir desde Pamplona el pleno telemático del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. / Eduardo Sanz (EUROPA PRESS)
Madrid
Las comunidades autónomas ya han recibido la orden del Ministerio de Sanidad sobre la obligatoriedad de aplicar las restricciones al ocio nocturno que se acordaron —aunque sin consenso— en el Consejo Interterritorial de esta semana.
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En la orden a la que ha tenido acceso la Cadena SER, Sanidad advierte textualmente a todas las comunidades de que las nuevas medidas serán de obligado cumplimiento, con independencia de lo que hubieran votado. Se ampara para ello en el artículo 151 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Publicó, aprobada por cierto por el gobierno de Rajoy en 2015.
Las nuevas restricciones deben publicarse ahora en el BOE y en los distintos boletines de las comunidades. La orden firmada por la ministra Darias recuerda por último que los gobiernos regionales pueden recurrirla ante la Audiencia Nacional.
Contradicciones jurídicas
Pero el Gobierno puede tener dificultades para obligar a las comunidades a que cumplan los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud porque, según ha explicado el abogado y vocal de la Asociación de Juristas de la Salud, Francesc José María, en el informativo Hora 14, existe una contradicción jurídica.
"La propia Ley de Cohesión y Calidad es contradictoria. Cuando habla de la toma de acuerdos por parte del Consejo Interterritorial dice que serán recomendaciones que se adoptarán por consenso y cuando regula las actuaciones coordinadas en Salud Pública establece que los acuerdos obligarán a todas las partes. Ahí hay una contradicción que solo se puede resolver si hay una reforma de esta ley que en el futuro establezca que los acuerdos del Consejo Interterritorial tendrán carácter ejecutivo y obligarán a las partes".
"No está en absoluto claro que se puedan exigir responsabilidades desde el punto de vista jurídico. Otra cuestión es lo político", ha añadido. "Yo creo que la ministra va a tener muchas dificultades por la contradicción que decía. Por un lado se habla de consenso y por otro de unanimidad, cuando está claro que no son sinónimos".
