La Fiscalía reitera que no aprecia delito en el cobro de los complementos salariales en Podemos
El ministerio público subraya que no se está hablando de cantidades cobradas en 'b' o en sobres sino de "complementos recogidos en las nóminas y conocidos por todos los órganos de control del partido" y recrimina al juez practicar nuevas diligencias de hechos ya aclarados
La ministra de Igualdad, Irene Montero y la Secretaría General de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra en un acto de presentación de la candidatura de Belarra el pasado 22 de mayo. / Jorge Gil (EUROPA PRESS)
Madrid
La Fiscalía no aprecia delito en el cobro de los complementos salariales en Podemos que se investigan en el caso "Neurona". Argumenta que no son cantidades cobradas en "b" sino de complementos reconocidos en las nóminas y en los órganos de control del partido.
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El ministerio público insite en que no aprecia delito en los pluses salariales porque se cobraron de forma transparente y con control interno. Subraya que las nuevas diligencias practicadas por el juez Juan José Escalonilla suponen un "nuevo intento" de realizar una auditoría a la actuación de un partido respecto de hechos ya aclarados.
La Fiscalía llama la atención a la acusación popular, representada por Vox y la Asociación Prolege, por pedir que se impute a representantes del partido por el mero hecho de certificar la legalidad de los complementos. Y lo hace, añade en el recurso, "sobre la base de desconfiar de los representantes del partido que certifican el cumplimiento de la normativa interna".
De hecho, continúa, llegan a pedir que se considere a una de ellas, en referencia a la secretaria general, Ione Belarra, "que certifica la regularidad de los complementos, como investigada por un delito de encubrimiento o estafa procesal".
O que se revelen datos de los trabajadores que cobran estos complementos en concepto de responsabilidad. Para el ministerio público, las nuevas diligencias practicadas por el juez suponen un "nuevo intento" de realizar una auditoría a la actuación de una formación política respecto de hechos ya aclarados.
