Ansiedad nacional a la espera de un veredicto

Madrid

No se les conoce públicamente pero todo un país está pendiente de ellos. Los 12 miembros del jurado popular que deben determinar si el expolicía Derek Chauvin es culpable de asesinato deliberan, recluidos bajo grandes medidas de seguridad en un hotel no revelado, sobre lo que en Estados Unidos se lee como una sentencia histórica.

Tres mil soldados de la Guardia Nacional y más de mil agentes municipales custodian Mineápolis, una ciudad blindada ante posibles episodios de violencia. Los edificios federales están fortificados, las escuelas públicas han cancelado sus clases presenciales y los comercios han reforzado sus escaparates con tablones de madera.

Para los manifestantes contra la violencia racial, la tensión “se multiplica por mil” por la fuerte presencia policial y militar, según ha dicho al periódico local Star Tribune Kenza Hadj-Moussa, directora de asuntos públicos de la organización TakeAction. Las protestas tras la muerte de Floyd se extendieron por todo Estados Unidos, recordando a las manifestaciones por los Derechos Civiles de los años 60. Su presencia está “agravando el trauma, especialmente con lo que están pasando los habitantes negros de Minnesota”.

Mineápolis lleva días presenciando protestas nocturnas después de que Daunte Wright, un chico negro de 20 años y desarmado, muriera por el disparo de una policía la semana pasada. La indignación se ha extendido a otras ciudades como Chicago, después de la muerte de Adam Toledo, de 13 años, por el disparo de otro policía.

Si el foco está en una corte del condado de Hennepin, al oeste de Mineápolis, el nerviosismo se extiende por todo el país. Porque este veredicto, legalmente, se circunscribe al caso del policía que acabó con la vida de George Floyd pero, emocionalmente, se entenderá como un avance o un estancamiento del sistema judicial en Estados Unidos. La pregunta que buena parte de la sociedad quiere contestar con este veredicto es si se puede condenar a un policía blanco o si se va a perpetuar la violencia racista en la institución.

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Sabiendo la responsabilidad que tiene el jurado a sus espaldas, el juez, Peter A. Cahill, recordó antes de la deliberación que “solo pueden considerar las evidencias expuestas durante el juicio” y que “deben ignorar” la información que han obtenido fuera de la sala. Algo extremadamente complicado en un caso que ha dado la vuelta al mundo.

Familiares de víctimas de la brutalidad policial, activistas famosos por los derechos civiles, representantes políticos y demás personalidades públicas se han pronunciado sobre la muerte de Floyd. Incluso el presidente Joe Biden, que ha guardado un prudente silencio durante las declaraciones de los testigos, ha admitido que este caso ha llevado “a un límite desbordante” al jurado y al país.

Biden ha asegurado que está “rezando para que el veredicto sea correcto” y cree que las evidencias “son abrumadoras”, infiriendo la culpabilidad de asesinado de Chauvin. Biden ha justificado unas declaraciones inusuales durante un proceso judicial argumentando que el jurado está aislado y no tiene acceso a ellas.

El presidente se enfrenta en los próximos días a una crisis social, a pesar de que una de sus prioridades de campaña era combatir el racismo sistémico, no ha presentado una agenda clara para hacerlo, más allá de una propuesta de ley de reforma policial que está estancada en el congreso. Al mismo tiempo, se ha presentado como un aliado de la policía.

Esta disyuntiva tiene a la Casa Blanca en alerta. El gabinete del presidente ha estado sopesando en privado cómo manejar el veredicto, considerando mandar a Mineápolis facilitadores comunitarios del Departamento de Justicia capacitados en la resolución de conflictos y si Biden debe dirigirse a la nación.

Derek Chauvin está acusado de asesinato en segundo grado, que en Minnesota se castiga con hasta 40 años de cárcel; de asesinato en tercer grado, que conlleva hasta 25 años de prisión; y de homicidio involuntario en segundo grado, con una pena máxima de diez años. El jurado tiene que decidir por unanimidad si es culpable o inocente de cada uno de los delitos y, si resulta culpable, el juez decidirá eventualmente la condena.

Dado que el policía no tiene antecedentes, el magistrado podría reducir la pena considerablemente y Chauvin podría recurrirla.

Si el jurado no llega a un acuerdo unánime, el juez debe declarar el juicio nulo. En ese caso, la fiscalía tendrá que decidir si reanudar el caso o si cerrarlo.

Una absolución o una condena baja, previsiblemente, incendiarán las calles. Una pena máxima puede suponer el primer paso de una batalla que no va a terminar con el caso contra Derek Chauvin. La lucha por la justicia racial, avivada por los episodios constantes de brutalidad policial contra negros y latinos en su mayoría, seguirá hasta que se hagan reformas policiales que castiguen la violencia sistémica contra las minorías.