Las defensas intentan desacreditar los informes de la UDEF que avalan los pagos en b por la sede del PP

Madrid

Las defensas de los acusados en el juicio por los usos de la caja b del Partido Popular, trataron durante la sesión de este lunes de desacreditar los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, que dirigidos por el inspector jefe, Manuel Morocho, han sido claves para las condenas en tres juicios a la trama Gürtel celebrados hasta la fecha, y para sostener la acusación de que las obras de la sede central del PP se pagaron en parte en negro, con 1.5 millones ajenos al circuito económico oficial, tema central del procedimiento que ahora se celebra en la Audiencia Nacional.

Sin capacidad ni éxito a la hora de rebatir los documentos, que han sido reafirmados por los agentes que comparecen como testigos, al menos intentaron discutir algunos aspectos puntuales en los que en su opinión, se produjeron incongruencias, o la propia labor investigadora de los agentes, al poner en duda que operaran de acuerdo con la legalidad a la hora de obtener los correos electrónicos de los implicados que han servido en parte para redactar sus informes.

Llamadas al orden del presidente del tribunal

El inspector Morocho respondió que los únicos correos con los que han trabajado fueron los incautados por orden judicial, pero respuestas demasiado largas u ofrecidas tras largos silencios por parte del mando policial, han provocado varios reproches del presidente del tribunal, que inusualmente agresivo con un testigo en este juicio, ha llegado a "llamarle al orden" al entender que estaba siendo renuente a la hora de responder a los letrados y a recordarle que estaba "obligado" a ofrecer las explicaciones pertinentes al tribunal.

Las otras cuestiones en las que han incidido los abogados de las defensas, en especial Luis Jordana de Pozas, letrado del arquitecto Gonzalo Urquijo, fue si habían incluido por error en la valoración del coste de la tercera planta de la reforma del PP el gasto en escaleras y ascensores, el presupuesto de la obra para la planta séptima, cómo llegó a la conclusión de que el arquitecto extrajo dinero efectivo sin cumplir las condiciones legales de la Banca March o de qué forma podía explicar que se produjeron visitas a la caja de seguridad de Unifica en esa entidad bancaria. Los letrados, como el de Belén García, incluso han aireado un supuesto bulo presentado recientemente ante la justicia por un particular, para desacreditar la investigación al sostener que el extesorero Luis Bárcenas sigue guardando millones en cuentas de Estados Unidos y Canadá. Ni la Agencia Tributaria ni la Justicia han hallado jamás esas cuentas ni los millones que denuncia en el texto, que por otra parte, omite la fuente informante de esa supuesta revelación.

El inspector Morocho ofreció explicaciones a estas preguntas, en ocasiones apremiado por el presidente del tribunal. Dijo que no hubo error en la planta tercera, el presupuesto de la séptima que figura en el informe es el mismo que configuró la propia empresa contratista, fue la Banca March quien alertó de la extracción de efectivo por parte de Gonzalo Urquijo en condiciones bajo sospecha, y éste pudo abrir su propia caja de seguridad y la de Unifica para realizar imposiciones o extracciones sin la supervisión del banco con una copia de la llave de la misma ajena a la entidad. No solo Morocho fue llamado al orden por el presidente del tribunal, también el letrado Jordana de Pozas por "hacer aspavientos" ante las explicaciones del testigo.

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Los motivos del registro al PP

A preguntas del abogado del PP, Jesús Santos, respondió que no propuso registrar el domicilio del extesorero Bárcenas porque "en aquel momento procesal" era prioritario el análisis de la información obtenida en los mandamientos judiciales. Y aclaró que si el juez ordenó registrar la sede del PP en diciembre de 2013, fue al descubrir que la formación conservadora disponía de más documentos sobre la reforma de la sede que los que le había facilitado hasta ese momento a pesar de que el magistrado los había reclamado todos. Fue el propio PP el que provocó el registro a su sede cuando semanas antes de la diligencia, en un escrito a la Fiscalía Anticorrupción, desveló la posesión de documentos sobre la sede cuya existencia había negado con anterioridad al juez.

Confundir a un testigo

El letrado del Partido Popular logró confundir por último al inspector jefe Manuel Morocho reprochándole, de forma inexacta, una afirmación sobre su anterior declaración. Aseveró que Morocho había declarado el pasado jueves que el juez Pablo Ruz manifestó en el auto de pase a procedimiento abreviado o de apertura de juicio oral que los cinco informes de la unidad de la IGAE adscrita a Anticorrupción no habían sido tenidos en cuenta por ser "anacrónicos y superados por la investigación". Morocho aguantó la crítica del abogado sin aclarar que efectivamente, aquella manifestación de Ruz se produjo, pero en un auto anterior y que en su declaración del jueves nunca dijo, tal y como consta en la transcripción literal de su comparecencia, que esa manifestación del juez estuviera contenida en esos escritos aludidos por el abogado del Partido Popular, sino que como consecuencia de esa posición del magistrado, no tuvo en cuenta las conclusiones de esos informes de la IGAE ni en el auto de procedimiento abreviado, ni en la apertura del juicio oral.