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El Congreso avala la nueva ley de la infancia con un amplio consenso

Los partidos políticos han pactado ampliar el plazo para la prescripción de los delitos graves de abusos a menores cinco años más, es decir a partir de que la víctima tenga 35 y no 30 años

Un niño entra en un colegio. / Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo (EUROPA PRESS)

Un niño entra en un colegio.

Madrid

El Pleno del Congreso ha respaldado la ley de protección a la infancia frente a la violencia, que empezará a contar la prescripción de los delitos graves cuando la víctima tenga 35 años, con amplio consenso y la oposición, con distintos argumentos, de Vox y PNV.

El proyecto de ley pasará ahora al Senado, donde deberá seguir su tramitación en Comisión y Pleno, con el anuncio de varios grupos de que mantienen vivas enmiendas para seguir incluyendo mejoras.

La ley sale del Congreso con el voto en contra de PNV porque entiende que invade competencias y de Vox por motivos ideológicos, mientras que PdeCat y EH Bildu han optado por abstenerse, según han anunciado sus portavoces durante el debate.

PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, Bildu, Grupo Plural, BNG, Más País y el grupo republicano han acordado a través de una enmienda transaccional elevar la edad de la víctima hasta los 35 años de edad, ya que las denuncias, cuando se producen, suelen presentarse por parte de la víctima en torno a esa edad.

Hasta ahora, el plazo de prescripción comenzaba a los 18 años, por lo que la mayoría de los delitos denunciados quedaban impunes.

Entre las novedades que contempla la ley contempla:

  • Ampliación del plazo de prescripción de los delitos graves como los abusos sexuales.
  • El texto incluye avances como la creación de un registro unificado de agresores y el deber de denuncia para que estos delitos no sigan invisibilizados.
  • Se prevé también la especialización de juzgados y fiscalía en violencia contra la infancia.

Acorralar a los agresores

Víctimas de abusos, entidades sociales y partidos, como PP y Ciudadanos, habían argumentado la importancia de ampliar aún más ese plazo, incluso pedían que se situara en los 40 años, para acorralar a los agresores que suelen llevar a cabo el maltrato y abuso contra los menores dentro de sus hogares o en entornos cercanos.

La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad ha incorporado 200 enmiendas de distintos grupos y más de 60 transaccionales al informe que se somete a votación en el Pleno (que recibió el voto en contra de VOX y PNV y la abstención del Grupo Republicano y EH Bildu).

Sin embargo, organizaciones de defensa de la infancia, víctimas y algunos partidos opinan que se puede mejorar aún más en el debate del Pleno y proponen también cambiar el reconocimiento que da la ley como "agentes de la autoridad" a los servicios sociales, porque podría causar indefensión a las familias frente a la administración, en los casos de retirada de tutela de los menores por desamparo.

Derecho del niño a ser informado

El texto aprobado en la Cámara Baja refuerza el derecho del niño a ser informado, no solo escuchado, en procesos administrativos y judiciales y a formular denuncia de manera personal y directa.

Además, tras el paso por la Comisión se dota a la ley de perspectiva de género, eliminando planteamientos como el SAP (Síndrome de Alienación Parental) e incorporado medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Se quedaron fuera finalmente, por la falta de apoyo del grupo socialista, las propuestas de Unidas Podemos, de no permitir la participación en espectáculos y escuelas taurinas a los menores y de que en los casos de desahucios de familias con niños se ofrezcan soluciones habitacionales adecuadas y apoyo psicosocial.

La iniciativa legislativa remitida al Parlamento desde Derechos Sociales amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información, un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos e impulsa la formación para jueces y fiscales

 
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