El PP denuncia al secretario de Estado de Seguridad y la directora de la Guardia Civil por prevaricación

Madrid

El Partido Popular ha denunciado en los juzgados de Plaza Castilla (Madrid) al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por un posible delito de prevaricación en el cese “ilegal” del coronel Diego Pérez de los Cobos. La orden de cese de Pérez de los Cobos está firmada por el segundo del ministro del Interior y por la directora de la Guardia Civil.

En la denuncia del PP, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, se subraya que “la motivación del cese es ilegal” y recalca que si el coronel hubiese accedido a dar información sobre la investigación de la manifestación del 8-M hubiese incurrido en un “acto ilícito penal”. Por tanto, queda acreditado, sin ningún género de dudas, que la motivación que sustenta dicho acto administrativo resulta manifiestamente ilegal, toda vez que el comportamiento que se solicita al Sr. Pérez de los Cobos es contrario a la Ley y al mandato de reserva expresamente ordenado por la Magistrada sobre la evolución y el resultado de las investigaciones”. Los hechos denunciados resultan especialmente graves, no solo por el hecho de que el comprtamiento que se solicitó al Coronel Pérez de los Cobos fuera manifiestamente ilegal, sino porque de haber accedido a cumplir con lo solicitado por los responsables del Ministerio del Interior, dicho comportamiento exigido podría haber sido constitutivo de un ilícito penal que hubiera tenido que asumir personalmente el Sr. Pérez de los Cobos”.

La denuncia añade que “todo ello es evidentemente conocido por las personas involucradas, Dª María Gámez Gámez, directora General de la Guardia Civil, quién propusó el cese, y por D. Rafael Pérez Ruiz, secretario de Estado de Seguridad, quién dictó la resolución de manera manifiestamente arbitraria, ilegal e injusta, enmascarando la misma bajo la apariencia de un mero acto discrecional, que por inequivocamente ilegal hubiera sido de imposible contenido jurídico, persiguiendo con ello burlar cualquier control técnico o jurídico sobre el mismo”. “En consecuencia, con todos los hechos anteriormente expuestos, el arriba denunciante, pone en conocimiento de este Juzgado los mismos, ya que de acreditarse, pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación, previsto y penado en el art. 404 del Código Penal, por parte de Dª María Gámez Gámez, Directora General de la Guardia Civil, quién propusó el cese, y por D. Rafael Pérez Ruiz, Secretario de Estado de Seguridad, quién dictó la resolución, ahora anulada, de manera manifiestamente arbitraria, ilegal e injusta en asunto administrativo”.

Como ya hizo Vox, los populares no cierran la puerta a denunciar al ministro del Interior si la investigación demuestra que el ministro del Interior tuviese algún tipo de responsabilidad penal. “De lo relacionado hasta ahora y conforme pueda avanzar la investigación de los hechos, y toda vez que el segundo acto declarado nulo por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa viene a ser la Resolución de fecha 28 de julio de 2020, dictada por el Ministro del Interior, debemos observar en razón de su aforamiento ratione personae, que llegado el momento procesal en que se observaran posibles responsabilidades penales en su actuación y que estas puedan ser objeto de investigación, la causa debe elevarse al tribunal competente para su enjuiciamiento. De tal forma que, como máximo responsable del Ministerio del Interior, además de por el acto expreso dictado el pasado 28 de julio de 2020 y ahora declarado nulo, la comisión del delito de prevaricación puede haberse producido aun por omisión”.