El calvario judicial del 8-M feminista de 2020
El 8-M de 2020 terminó en los tribunales por denuncias contra el Gobierno y las autoridades que permitieron las concentraciones
Los distintos tribunales han concluido que es imposible demostrar quién se pudo contagiar en la manifestación y quién no
Imagen de archivo de la manifestación del 8-M feminista de 2018 / David Aguilar
Madrid
La manifestación feminista del ocho de marzo de 2020 no tardó ni dos semanas en estar en manos de la Justicia con acusaciones penales contra los responsables públicos que permitieron las concentraciones pocos días antes de la declaración del primer estado de alarma. Unas acusaciones que terminaron en el archivo judicial con el Tribunal Supremo estableciendo que no es demostrable que alguien se contagiase en las calles de Madrid durante las manifestaciones.
Más información
Todo arrancó el 20 de marzo, pocos días después del 8-M, con el estado de alarma recién declarado. Un abogado, Víctor Valladares, presentaba una primera denuncia en los juzgados de Madrid y una segunda en el Tribunal Supremo contra el ejecutivo central y sus representantes acusándoles de poner en peligro a la población, anunciando además la constitución de una "Asociación de Afectados por la Gestión del Coronavirus".
El abogado, tal y como desveló la Cadena SER, tenía un largo historial de condenas y sanciones por estafar y engañar a clientes, dejándoles tirados en los juzgados y marchándose con el dinero. Un alto cargo del PP de Cantabria se personó en la causa como su letrado pero los últimos autos del caso no reflejan que Valladares sea una de las acusaciones populares personadas. Además, familiares de fallecidos por el coronavirus llegaron a quejarse, como explicó la SER, porque las acusaciones del caso nada tenían que ver con el virus: una asociación de oficiales de la Guardia Civil y una asociación de consumidores además de la presencia de Valladares como denunciante.
La causa fue tramitada a toda velocidad en el juzgado 51 de Madrid por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel - la misma que envió a juicio a Cristina Cifuentes por su máster - descartando rápidamente el delito de lesiones imprudentes y con la presencia de dos informes polémicos. Uno de ellos del forense del juzgado, que llegaba a asegurar que "la situación de hecatombe en España se veía venir", y otro de la Guardia Civil plagado de imprecisiones y apuntando incluso a la responsabilidad de Fernando Simón. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, acudió a declarar imputado por prevaricación y muchos convocantes de concentraciones denunciaban que la Guardia Civil, directamente, había manipulado sus palabras.
Crisis en la Guardia Civil... y archivo
Los informes de la Guardia Civil se tradujeron en una de las mayores crisis del cuerpo en la presente legislatura. La filtración del informe llevó a la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos por "falta de confianza" y la salida acelerada de varios mandos del instituto armado. Un mes después, la jueza decretaba el archivo de las actuaciones: las grandes concentraciones "aumentaron el riesgo de contagio", no existió una "especial diligencia para informarse" sobre estos riesgos en la Delegación de Gobierno pero no existió "una alerta clara y técnica, dimanante de una autoridad sanitaria" a José Manuel Franco.
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, comparece en rueda de prensa en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid (España), a 4 de marzo de 2021 / Óscar Cañas
El caso fue archivado por el juzgado en una decisión que confirmó la Audiencia Provincial de Madrid cuatro meses después. Franco, según este tribunal, "no recibió ninguna observación en el seno de los expedientes por parte de la Comunidad Autónoma en materia de sanitaria que afectase a las concentraciones o manifestaciones comunicadas y que pusiera de manifiesto el hecho de que en dichas manifestaciones o concentraciones de personas el virus de la COVID 19 pudiera extenderse o contagiarse entre los asistentes".
El Supremo también archivó
Mientras la trepidante tramitación del caso por la vía judicial desembocaba en el archivo y se desataba una tormenta política con la derecha y la ultraderecha culpando a la manifestación feminista y al ejecutivo central de la expansión del coronavirus en España, la segunda denuncia de Valladares contra el 8-M también se tramitaba en el Tribunal Supremo. La sala de lo penal, con Manuel Marchena como ponente, rechazó todas y cada una de las querellas y denuncias dirigidas contra el Gobierno, y concretamente la de Valladares por permitir a manifestación feminista.
La sala fue contundente: "En el estado actual de la ciencia es imposible acreditar, con la certeza que exige en un proceso penal la formulación del juicio de autoría, que la persona que acudió a una de esas manifestaciones, carente de información acerca de los peligros del COVID-19, se contagió en esa reunión multitudinaria". Para los jueces "es imposible demostrar, en fin, que su contagio no se produjo antes o después, en ese o en otro lugar, a los pocos días o después de algunas semanas".
