Delgado propone en el Senado cambiar la cárcel por multas o trabajos a la comunidad en delitos de odio

Madrid

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha expuesto ante la Comisión de Justicia del Senado la propuesta del Ministerio Público para que los delitos de odio contemplen penas de cárcel inferiores y sanciones alternativas a la prisión, como el pago de multas, la pérdida de derechos políticos o trabajos en beneficio de la comunidad.

La propuesta de reforma para los delitos de odio del artículo 510 del Código Penal debe incluir, ha precisado la fiscal general, “la necesidad de introducir un mayor respeto a la proporcionalidad de las penas en aquellos supuestos de difusión pública de mensajes y contenidos que, si bien objetivamente fomentan, promueven o incitan directa o indirectamente al odio (...), no obstante, por su contexto, por su contenido, por la ausencia de reiteración o incluso por las circunstancias personales del autor, se pueden considerar de menor entidad".

Mirada a las víctimas

De esta forma, según su criterio, se contempla la posible “reinserción social del autor de tales delitos mediante el conocimiento y la aceptación de sus víctimas", pudiendo "comprobar directamente cuál es el daño que pueden generar a las víctimas". La Fiscalía asegura, no obstante, “que la libertad de expresión no tiene nada que ver con la violencia y que todas las acciones violentas serán investigadas”.

Violencia machista

En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, Delgado ha advertido de la mayor "vulnerabilidad" que sufren las víctimas de esta lacra durante la crisis sanitaria y, especialmente, la que han sufrido durante el periodo de confinamiento.

En este tiempo, ha indicado, estas mujeres han vivido con "un mayor aislamiento social" y con dificultad de acceso a los recursos públicos para denunciar o pedir auxilio frente a su agresor.

"Las denuncias han bajado, pero la violencia está ahí, como se demuestra con el aumento de llamadas al 016", ha indicado Delgado, en relación a las cifras registradas sobre este servicio durante 2020. También ha crecido, según ha indicado, el servicio de atención a través de Internet que se puso en marcha con la crisis sanitaria.

Reformar la ley

La fiscal general ha insistido en la "necesidad de abordar la reforma" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en lo relativo a la "dispensa parental", un precepto que, según ha explicado, está "en el origen de un apreciable porcentaje de las sentencias que terminan en absolución", ha apuntado. En 2019, estas fueron el 37%, ha indicado.

Residencias investigadas

El Ministerio Fiscal ha precisado que, a fecha de 18 de enero de 2021, se han recogido 785 diligencias preprocesales civiles incoadas para seguimiento de la situación de las residencias y centros geriátricos. De ellas, 294 han sido archivadas al no apreciarse irregularidades, mientras que 491 siguen en trámite para continuar con seguimiento.

En cuanto a las diligencias preprocesales de carácter penal, de las 441 incoadas, 212 permanecen en trámite, 229 fueron archivadas y 27 han motivado la interposición de denuncias.