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Polémica en el CGPJ por la autorización a un juez para dar clase en la universidad de la banca

La comisión permanente estudia una petición del magistrado Luis María Díez-Picazo para seguir dando clase en CUNEF

Uno de los vocales, Álvaro Cuesta, ya votó en contra la última vez expresando sus "dudas" sobre si jueces que deciden sobre la banca en el Supremo deben trabajar para esta universidad de la Fundación de la Asociación Española de la Banca

Carlos Lesmes preside una reunión de la Comisión Permanente en una imagen de archivo / Europa Press

Carlos Lesmes preside una reunión de la Comisión Permanente en una imagen de archivo

Madrid

El Consejo General del Poder Judicial estudiará este miércoles si permite a un magistrado seguir compaginando su puesto en la sala tercera del Tribunal Supremo con dar clases en CUNEF, la universidad privada de la Fundación de la Asociación Española de la Banca. La comisión permanente aborda el caso de Luis María Díez-Picazo después de que uno de los vocales ya votase en contra de darle este permiso el pasado mes de julio.

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Luis María Díez-Picazo es juez de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo desde 2008, que presidió además entre 2015 y este año, siendo sustituido el pasado mes de septiembre por César Tolosa. El momento más polémico de su mandato llego en noviembre de 2018 cuando la sala abordó el impuesto hipotecario y quién debía pagarlo: una de las secciones falló a favor del cliente pero después el pleno de la sala, convocado por Díez-Picazo para estudiar el tema, falló a favor de los bancos. El propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, tuvo que salir a pedir perdón públicamente por la gestión del asunto.

Fue entonces cuando trascendió por primera vez que el magistrado había compaginado en el pasado su puesto en el Tribunal Supremo con la docencia en CUNEF. Tal y como explicó entonces la Cadena SER, entre 2015 y 2017 - antes del debate sobre el impuesto hipotecario - Luis María Díez-Picazo recibió varias veces el aval del CGPJ para dar clase en la universidad de la Fundación de la Asociación Española de la Banca sin que entonces se produjera ningún voto en contra o sin que las actas recojan alguna objección por parte de los vocales.

Este miércoles la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces estudiará una petición del magistrado para renovar el aval que le dieron en julio pero el asunto se abordará con algo más de polémica. Ya hace unos meses uno de los vocales del sector progresista, Álvaro Cuesta, votó en contra asegurando que "alberga dudas sobre la conveniencia de que magistrados de lo civil o contencioso-administrativo del Tribunal Supremo u otros órganos jurisdiccionales tengan relación laboral de colaboración temporal con CUNEF (centro universitario cuya titularidad corresponde a la Fundación de la Asociación Española de la Banca)".

Las dos salas

Las salas de lo civil y las de lo contencioso-administrativo son las que tratan asuntos que tienen que ver con la banca: la primera lo hace examinando directamente los productos bancarios (preferentes, swaps o cláusulas hipotecarias, entre otros) y la segunda las leyes que regulan aspectos como el impuesto hipotecario. Este vocal, por tanto, considera que jueces que toman decisiones tan relevantes para la banca como cambiar la carga de un impuesto que supone millones de euros anuales no deberían tener relación laboral con la banca.

Luis María Díez-Picazo en una imagen de archivo

Luis María Díez-Picazo en una imagen de archivo / CGPJ

Luis María Díez-Picazo en una imagen de archivo

Luis María Díez-Picazo en una imagen de archivo / CGPJ

El CGPJ concede estas autorizaciones por votación y advirtiendo siempre lo mismo: sólo pueden dar clase a partir de las tres de la tarde y mientras hacerlo "no impida el cumplimiento de sus deberes judiciales y de los objetivos de rendimiento establecidos por el Consejo, ni comprometa su imparcialidad e independencia". Otros jueces de lo contencioso del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han recibido una autorización similar para trabajar en CUNEF en los últimos años sin que el hecho haya suscitado debate en la comisión permanente.

 
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