La Fiscalía pide devolver al juez la causa de Pablo Iglesias

Madrid

La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que la exposición razonada enviada por el juez Manuel García Castellón es insuficiente y ha informado a los magistrados del Supremo que debería devolverse la causa a este juez de la Audiencia Nacional para que continúe haciendo investigaciones, entre otras, nuevos interrogatorios. 

La exposición razonada que remitió el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que apreciaba indicios de delito de revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delitos por parte del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en relación con el caso Dina, es insuficiente, según han confirmado fuentes fiscales, por lo que el informe de la Fiscalía no entra en el fondo del asunto y aprecia la necesidad de realizar más diligencias antes de que el Supremo deba aceptar la investigación contra el vicepresidente al ser una persona aforada.

"Faltan diligencias"

El informe supervisado por ocho fiscales del Tribunal Supremo, en concreto, los fiscales Fidel Cadena, Juan Ignacio Campos, Javier Zaragoza, Jaime Moreno, José Luis Bueren, Consuelo Madrigal y Fernando Rodríguez Rey, coincide en que " faltan diligencias por practicar" y destacan que el propio informe de la Fiscalía Anticorrupción, ya se oponía a que se investigase a Iglesias al no apreciar indicios de ninguno de los tres delitos a los que hacía referencia el juez García Castellón, en el marco de la investigación por el robo de la tarjeta telefónica de la exasesora de Podemos Dina Bousselham. 

La fiscalía ponente en un escrito hecho público este viernes indica que la Fiscalía Anticorrupción solicitó al menos dos veces, en mayo y septiembre de 2020 nueva declaración de Dina para concretar su posición. "Tanto Bousselham, como (Ricardo) De Sa Ferreira deben ser oídos. En concreto deberá concretarse por Bousselham, respecto de estos hechos: Si le pidió permiso o autorización Pablo Iglesias, el día 20 de enero de 2016, para que examinara sin restricciones el contenido de su tarjeta de memoria. En caso negativo, si manifiesta ahora que consiente, tolera y acepta que aquél hubiera entrado en el conocimiento de todos los documentos, fotografías, incluidas las íntimas y personales, archivos y comunicaciones contenidos en la tarjeta de su titularidad, pues de haber conocido que iba a hacerlo le hubiera otorgado su expreso consentimiento", subraya.

El artículo 201.1 del CO establece que "para proceder por lo delitos previstos en este capítulo (revelación de secretos) será necesaria la denuncia de la persona agraviada". Es decir, no se puede acusar del delito de denuncia falsa si la ex asesora del vicepresidente Iglesias no lo denuncia.

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En relación con el delito de daños informáticos, la Fiscalía Anticorrupción, afirmaba de la existencia de un informe de policía científica que concluye que no se puede acreditar que la tarjeta de Bousselham sufriera daños, salvo los que apunto una empresa irlandesa especializada en recuperar datos de los Teléfonos móviles al tratar de recuperar el contenido de la memoria del teléfono. Sin embargo la Fiscalía del Supremo considera y así lo indica que hay que seguir investigando porque no es posible acceder al contenido de la tarjeta del teléfono de la ex asesora de Iglesias robado en una sucursal de la marca IKEA.

"En el actual estado de la investigación es necesario seguir practicando diligencias para acreditar los hechos, entre ellas la ampliación de la prueba pericial para poder concretar cuáles son las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta, cual fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso", agrega el escrito.

En cuanto al delito de denuncia falsa, los fiscales consideran que no se puede acusar a Iglesias de denuncia falta. Indican que los hechos que relata el juez Castellón que atribuye al presidente una ocultación de datos para obtener intereses partidistas "están repletos de valoraciones que no se revelan lógicas sólidamente".