Interior se une a la Fiscalía con una instrucción que permite los "desalojos inmediatos" de ocupaciones
El ministerio ha emitido un protocolo para unificar la actuación de las Fuerzas de Seguridad ante ocupaciones por allanamiento y usurpación y agilizar los procesos judiciales
Aunque las cifras no acompañan, la intención es aplacar la inquietud ciudadana, según fuentes de Interior
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en una imagen de archivo durante una reunión en la Subdelegación del Gobierno de España en Cádiz. / Román Ríos (EFE)
Madrid
Interior reconoce que no hay un incremento sustancial que justifique reforzar la normativa para agiilzar los desahucios o desajolos pero sí una percepción subjetiva de la ciudadanía que genera incertidumbre y justifica que el ministro Fernando Grande-Marlaska sume fuerzas con la Fiscalía General de Dolores Delgado para trasladar instrucciones precisas a las Fuerzas de Seguridad que se enfrentan a delitos de usurpación o allanamiento.
En esta instricción, publicada a fecha 17 de septiembre, Interior pretende unificar la actuación de los agentes. Si bien la novedad de las fiscalías territoriales pasa por recurrir judicialmente una ocupación si hay motivos para ello; los agentes a partir de ahora tendrán que elaborar los atestados siguiendo la guía de la Secretaría de Estado, de manera que la fiscalía correspondiente pueda instar lo que crea oportuno.
No es que hasta ahora no se hiciera, según fuentes de Interior, pero en muchos casos estaban incompletos, o los criterios no eran uniformes, y ralentizaban el proceso. Ahora, deberán incluir testimonios de los vecinos, fotografías, procedencia de la denuncia, roturas en los acceso, etc.
Según fuentes de Interior, no se trata de promover desalojos inmediatos si no se cumplen los requisitos legales, si no que el procedimiento judicial no haga aguas y e prolongue en el tiempo.
Según el "Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles", ante los allanamientos de morada, los agentes podrán procedecer al desalojo sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante, una modalidad de ocupación que es la menos habitual por la dificultad de determinar en qué momento es flagrante.
A partir de la semana que viene, la aplicación Alercops incluirá una ventana específica para estas denuncias.
Contenido de la Instrucción
La instrucción, a la que ha tenido acceso esta emisora, en un escrito de 20 páginas detalla la jurisprudencia que da seguridad a los agentes. Si bien el Código Penal ofrece respuestas distintas si el inmueble es primera o segunda vivienda, la instrucción considera a ambas moradas, por lo que cuentan con la misma protección legal. Por tanto, cuando se de un allanamiento, podrán proceder de forma inmediata e identificar a los ocuantes, así como su detención.
La guía también subraya que en caso de no poder determinar la comisión flagrante del delito, en estos casos es necesaria la autorización judicial para desalojar (articulo 13 Ley de Enjuiciamento Criminal).
En los casos de ocupaciones con familias o personas de verdadera vulnerabilidad, en estos casos, sin renunciar a la restitución a su dueño, los agentes tendrán que asegurar una respuesta ágil y hacer de mediadores con las instituciones sociales y asistenciales para ofrecer una alternativa a los ocupantes.
Además, dice el escrito, en ocasiones llevan aparejados problemas sociales de convivencia, ya que los vecinos se ven obligados a compartir espacios comunes con los autores, y de alguna manera se convierten también en víctimas" de manera que la actuación policial "también debe ir encaminada a la prevención y persecución de estas conductas".
En los ocho fines que recoge el documento para homogeneizar la actuación policial, destaca, el deber de asesoramiento a las víctimas; reforzar la persecución de organizaciones criminales dedicadas a la localización y usurpación de inmuebles, potenciar la colaboración en distintos niveles de la administración, faciitar el seguimiento de los casos y prevenir las actividades ilícitas aparejadas a las ocupaciones ilegales.
