Comienza el juicio contra Teddy Bautista y otras diez personas por desvío de fondos de la SGAE

Madrid

El primero de los juicios del 'caso SGAE' comienza este lunes y juzgará a once personas, entre ellas al que fuera presidente de la sociedad de autores Teddy Bautista, por el desvío "masivo" de fondos, delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida.

Sofisticada apropiación

Esta pieza principal de la causa, denominada Saga, investiga una trama ideada para el enriquecimiento personal de sus integrantes, según la Fiscalía Anticorrupción. Según el juez instructor José De la Mata, los imputados llevaron a cabo "una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de la SGAE" a la organización comandada por José Luis Rodríguez Neri mediante la asignación arbitraria a 'Microgénesis' de decenas de millones de euros supuestamente para el desarrollo de soluciones tecnológicas, causando "perjuicios y pérdidas constatados" para la sociedad de autores.

Otro juicio

En febrero de 2021, está fijada la vista oral de la pieza llamada Arteria, la compra de dos teatros en la Gran Vía de Madrid por encima del precio de mercado. En este caso, solo hay un acusado: Teddy Bautista. El fiscal anticorrupción José Miguel Alonso solicitará cuatro años de prisión por administración desleal al considerar que pagó por ellos un sobreprecio de 30 millones tras facilitar información inveraz sobre la operación a la Fundación Autor (hoy, Fundación SGAE).

Mujer, hermana, hija

Entre los otros diez acusados de este primer juicio, se encuentra José Luis Rodríguez Neri, exdirector de la SDAE -filial digital de la SGAE-, para el que se solicita la pena más alta, doce años y medio de prisión y una multa de 270.000 euros por apropiación indebida, falsedad de documentos mercantiles y asociación ilícita; lo mismo que para Rafael Ramos, exsocio de Rodríguez Neri.

La mujer de Rodríguez Neri, María Antonia García Pombo, y la hermana de ésta, Pilar, también están acusadas en esta causa de apropiación indebida, falsedad de documentos mercantiles y asociación ilícita, por lo que el fiscal pide para las dos diez años y siete meses de prisión y 258.000 euros de multa.

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Otra de las procesadas es la hermana de Rodríguez Neri, Juana Cristina, para quien el Ministerio Público solicita ocho años y tres meses de cárcel y 180.000 euros de multa por los mismos delitos que los anteriores.

La hija del socio de Bautista, Leticia Rodríguez Álvarez, está procesada también por asociación ilícita y el fiscal pide para ella dos años de prisión y multa de 54.000 euros. Según el escrito, colaboró con su padre en diferentes actos jurídicos con la finalidad de ocultar "la auténtica realidad de los hechos relacionados con Microgénesis", empresa de su padre.

47 millones de euros

La Fiscalía Anticorrupción estima que el perjuicio causado a la SGAE por el desvío de fondos ascendería a 47.606.746,46 euros, cantidad con la que nueve de los once acusados tendrían que indemnizar a la asociación.

La Fiscalía también dirige la causa como responsables civiles contra 14 empresas que son Microgénesis, Ribera de Mayorga, Hipotálamo, Micromega Consultores, Servicios Informáticos Ciberneto, Imago Mundi, Canal Micro, Microgénesis producciones, Res Cognita, Luna Promociones, Sciralia, Coqnet, Microgénesis Medio y Communi TV.

Tándem Bautista-Neri

En el escrito, el fiscal apunta que Bautista -que ostentó la presidencia de la asociación durante 16 años- dispensó "en todo momento un trato preferencial" a Neri, quien mantuvo una posición de "privilegio" debido a su cercanía con Bautista.

Precisa que introdujo a Microgénesis (empresa de Neri y a cuyo frente estaba su mujer y también acusada María Antonia García Pombo) en la sociedad en 1998 para abordar líneas de investigación y desarrollo en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. La retribución mensual de la compañía oscilaba entre los 5.000 y 6.000 euros.

El afianzamiento de Microgénesis como "sociedad de trato preferencial" de la SGAE se fortaleció "de modo imparable" en el tiempo, según el fiscal, que detalla que se llegó a apoderar a Neri por acuerdo de la Junta Directiva para abrir y gestionar una cuenta bancaria referida a subvenciones de la Comisión Europea.

Neri y su socio, el también acusado Rafael Ramos, idearon una "malla societaria" con la que aparentaron contrataciones ilícitas que les reportaron un "inequívoco lucro ilícito" para ellos y sus familiares, también implicados en la trama. Igualmente se valieron de empresas pantalla como Portal Latino.

Sociedad nociva

El escrito resalta cómo tanto Neri como Bautista pusieron en marcha en el año 1999 la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), pese a la nulidad acordada por la Audiencia Provincial de Madrid y la convirtieron con el paso de los años "en una superestructura, además de superflua, nociva para la SGAE".

Además, los acusados intentaron que no existieran expedientes sobre los procedimientos abiertos en la sociedad de autores y sortearon los controles de las compras estipulados, lo que llevó a Neri a actuar con una "permisividad excepcional", incluso en operaciones superiores a los 6.000 euros.