El Gobierno propone una reforma para proteger las medidas de comunidades y ayuntamientos contra el coronavirus
El PSOE impulsará en el Congreso una reforma de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa
Pretende que la supervisión de estas decisiones se tramiten más rápido y por tribunales superiores de justicia, no juzgados
Varias personas protegidas con mascarilla / Ricardo Rubio - Europa Press (EUROPA PRESS)
Madrid
El Gobierno ha anunciado que impulsará en el Congreso una reforma legal para dotar de mayor seguridad jurídica a las autoridades regionales y locales a la hora de tomar medidas para combatir los rebrotes de coronavirus afectando a los derechos fundamentales de los ciudadanos. La reforma, según explica el ejecutivo central en un comunicado, se articulará a través del grupo parlamentario socialista del Congreso "mediante una enmienda al proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia".
El objetivo, según el comunicado, es modificar la Ley de 1998 que regula la jurisdicción contencioso-administrativa, encargada de supervisar las decisiones tomadas por las administraciones públicas en sus distintos niveles. En primer lugar pretende el ejecutivo que la competencia de esta cuestión pase a ser de los Tribunales Superiores de Justicia, compuestos por tres jueces, y no de juzgados unipersonales, y que el Ministerio Fiscal participe en estos procesos.
También propone medidas para que estas peticiones de supervisión judicial se tramiten más deprisa: busca "establecer la tramitación preferente de esas autorizaciones o ratificaciones" y que además se tramiten en un "plazo máximo de tres días naturales". Busca el ejecutivo, dice en un comunicado "dotar de la mayor seguridad jurídica posible a las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias, así como a las vías de control e impugnación de las mismas en beneficio de la ciudadanía y el interés común".
En las últimas semanas diversos juzgados y tribunales de esta jurisdicción de todo el país han avalado o revocado medidas tomadas por gobiernos autonómicos y entidades locales para combatir los rebrotes de coronavirus: desde la polémica por las limitaciones impuestas a los fumadores en Madrid hasta el horario del ocio nocturno en País Vasco pasando por el confinamiento de Aranda de Duero, la limitación de reuniones a seis personas en Murcia o la obligación de usar mascarillas en Alcázar de San Juan.
