El Supremo confirma las condenas de Millet y Montull por el caso Palau
Confirma el decomiso de los 6,6 millones que cobró CDC durante años en comisiones a cambio de obra pública
Millet y Montull durante el juicio del caso Palau / ACN
Madrid
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió ilegalmente con más de seis millones de euros procedentes de comisiones mientras Jordi Pujol estuvo al frente del partido. El Tribunal Supremo ha decidido confirmar las condenas de Félix Millet y Jordi Montull y manteniendo en el relato de hechos probados que la formación antecesora del PdeCat se financió ilegalmente durante una década a través de comisiones a cambio de obra pública y que debe devolver 6,6 millones de euros.
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El tribunal tan sólo rebaja ligeramente las condenas de Gemma Montull y de Daniel Osàcar, una rebaja que no impide que tengan que cumplir condena en prisión. Varios de los acusados ni siquiera habían recurrido sus condenas ante el Supremo. Osàcar, extesorero de CDC, es absuelto del delito de tráfico de influencias porque para la sala no hay pruebas de que Ferrovial pagase comisiones durante su estapa al frente de la caja del partido aunque sí ingresó por "obras adjudicadas con anterioridad a ser nombrado tesorero".
De esta manera, la sentencia firme del ‘caso Palau’ queda de la siguiente manera: Félix Millet (9 años y 8 meses de cárcel y 4.120.540,17 €), Jordi Montull (7 años 6 meses de cárcel y 2.998.284,81 €), Gemma Montull (4 años de cárcel y 2.663.955,16 €), Raimón Bergós (2 años de cárcel y 7.500 €), Santiago Llopart (1 año y 9 meses de cárcel y 2.700 €), Daniel Osàcar (3 años y 6 meses de cárcel y 3.796.555,40 €), Miguel Giménez-Salinas (8 meses de cárcel y 900 €), Juan Manuel Parra (8 meses de cárcel y 900 €), Pedro Luis Rodríguez (1 año y 9 meses de cárcel y 2.700 €), Vicente Muñoz (1 año y 9 meses de cárcel y 2.700 €), Juan Antonio Menchén (1 año y 9 meses de cárcel y 2.700 €) y Edmundo Quintana (8 meses de cárcel y 274.874,65 €).
Comisiones en CDC
El Tribunal Supremo, con el magistrado Andrés Palomo del Arco como ponente, rechaza el recurso de CDC y declara probado en firme que se financió ilegalmente durante años por comisiones pagadas por adjudicatarios de obra pública. "Desde un inicio el objeto del tráfico era la consecució de estas dádivas (pactada su cuantificación en comisiones porcentuales del importe de la obra) para el partido Convergència" además de otros pagos a otras personas por un "servicio remunerado precisamente por el logro de que la parte que aquí contemplamos de esas referidas comisiones, llegara a Convergència".
Daniel Osàcar en una imagen de archivo / EFE
El Tribunal Supremo es contundente a la hora de describir cómo CDC se financió irregularmente, avalando lo dicho en un primer momento por la Audiencia de Barcelona: "Las comisiones a cambio de obra pública adjudicada, se pactaban con el tesorero de CDC, partido entonces hegemónico en la Comunidad Autónoma, quien se comprometía a obtener el resultado de la adjudicación por el importe pactado a través de las diversas administraciones que ese partido gobernaba, incidiendo (prevaliéndose) de su posición en el partido, ya sobre responsables políticos (autoridades) ya sobre concretos funcionarios".
