El Gobierno inicia los trámites para recurrir el decreto andaluz sobre emisoras de radio
El Consejo de Ministros pide esta mañana al Consejo de Estado un dictamen con carácter urgente para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto-ley de la Junta de Andalucía
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (de espaldas a la izquierda), preside el Consejo de Ministros Extraordinario celebrado en Moncloa un día después de ser aprobada en el Congreso de los Diputados la prórroga del estado de alarma decretado a consecuencia del coronavirus hasta el próximo 26 de abril. / Moncloa (Moncloa)
Madrid
El Consejo de Ministros va a pedir esta mañana al Consejo de Estado el informe previo, preceptivo, para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto-ley de Andalucía por el que se cambian de una tacada 21 leyes y seis decretos que afectan a distintos sectores económicos, entre ellos el audiovisual andaluz. Este es un primer paso para la impugnación de este decreto-ley, entre otras razones, porque "la legalización de emisoras pirata y los cambios en el régimen sancionador que les afecta", según explican a la Cadena Ser fuentes del Gobierno. El Gobierno solicita el dictamen con carácter de urgencia antes de 21 de abril.
La Asociación Española de Radiodifusión Comercial alertó en su día de que esta reforma de la Ley Audiovisual de Andalucía permite la privatización de emisoras municipales y levanta la prohibición de hacer publicidad en las radios ilegales. Todo ello sin consultar con el sector, sin debate parlamentario y sin el trámite de alegaciones.
Sobre la mesa del Consejo de Ministros de este martes está la solicitud de ese informe al máximo órgano consultivo del Estado, que no tiene carácter vinculante, tanto por lo que respecta a los cambios a la Ley Audiovisual de Andalucía como por la autorización previa para obras en el patrimonio histórico y porque además entiende el Gobierno que la Junta de Andalucía "no dispone de un presupuesto habilitante de urgencia que justifique un decreto-ley", que es la fórmula por la que optó el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla.
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