El Poder Judicial se prepara para un aluvión de pleitos relacionados con el coronavirus
Anuncia la planificación y puesta en marcha de un "plan de choque" para cuando se levante el estado de alarma
Exige a los gobiernos de Andalucía y Canarias que "garanticen" el cumplimiento de los servicios mínimos de Justicia
Operarios de una empresa privada han realizado esta mañana una desinfección en los juzgados de Sevilla / Eduardo Briones (EUROPA PRESS)
Madrid
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado que empieza a trabajar en un "plan de choque" ante el previsible aluvión de pleitos que llegará a los juzgados una vez se levante el estado de alarma. El órgano de gobierno de los jueces pone en marcha varios grupos de trabajo: uno para cada orden jurisdiccional y otro más para las medidas de carácter general. Las principales asociaciones judiciales ha anunciado que se ponen "a disposición" del CGPJ "para colaborar en el diseño de los planes" anunciados.
Según explica la Comisión Permanente en un comunicado, es previsible que las consecuencias del estado de alarma terminen llegando a los juzgados en los próximos meses: "Despidos, EREs, ERTEs, procedimientos de Seguridad Social, concursos de persona física y jurídica, impagos, desahucios, procedimientos de familia, sanciones impuestas por el confinamiento, etc", cita el Consejo. "Resulta por ello absolutamente imprescindible anticiparse a la llegada de ese momento, mediante el diseño de un plan de choque", explica.
El plan abordará "todo el abanico posible de actuaciones, desde propuestas de reformas procesales urgentes que pudieran abordarse mediante Real Decreto-Ley, hasta medidas organizativas de todo tipo (concentración de asuntos, especialización, normas de reparto, etc.), sin olvidar el incremento de los medios personales y/o materiales que sean necesarios" y constará de varias fases. Una primera fase con varios grupos de trabajo, una segunda para trasladar las propuestas a los Tribunales Superiores de Justicia, una tercera para constituir grupos de trabajo con el Ministerio y las Comunidades y una final para implementar el plan de choque.
Advertencia a Andalucía y Canarias
La Comisión Permanente también ha remitido un comunicado anunciando que exige a los gobiernos autonómicos de Andalucía y Canarias que "adopten las medidas necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales en la Administración de Justicia", reprochando que no se esté cumpliendo con lo establecido por el Ministerio de Justicia de acuerdo con la Fiscalía y el propio CGPJ. En el caso de Andalucía explica el Consejo que según el Tribunal Superior de Justicia la Instrució de la Dirección General de Oficina Judicial andaluza "establece un régimen presencial muy limitado, que no permite asegurar ni garantizar la debida prestación de los servicios esenciales que han sido determinados".
Algo similar a lo sucedido en Canarias, donde la comisión de seguimiento considera que la resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia "invade claramente competencias que no le corresponden -al señalar, por ejemplo, que las actuaciones de los Juzgados de guardia y de Violencia sobre la Mujer se realizarán, siempre que sea posible, de forma telemática- y que no incluye la atención presencial por parte de un funcionario en cada una de las secciones penales en las Audiencias Provinciales, así como en todos y cada uno de los órganos unipersonales del orden jurisdiccional penal, estén o no en funciones de guardia".
La Comisión Permanente pone esto en conocimiento del Ministerio de Justicia, recuerda que estos servicios fundamentales son imprescindibles para preservar "el derecho a la tutela judicial efectiva" de los ciudadanos, advirtiendo también que "a estos requerimientos se han de anudar los efectos procedentes en derecho, en el caso de no ser atendidos".
