La AERC manifiesta su oposición al Decreto Ley aprobado por la Junta de Andalucía

Madrid

La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) quiere expresar su alarma por el Decreto Ley aprobado por el Gobierno andaluz, pendiente de validación por la mesa del Parlamento autonómico, en el que, en un paquete de medidas con el pretexto de agilizar trámites administrativos, se cambia el régimen jurídico de gestión de las emisoras municipales, facultando a los Ayuntamientos para que puedan ceder su gestión indirecta a terceros, incluidas las emisoras comerciales.

Ello supone la utilización de un mecanismo legislativo propio de situaciones de urgente necesidad para conseguir, sin consulta al sector, sin debate parlamentario y sin trámite de alegaciones, la derogación del marco jurídico autonómico anterior por el que se regían las emisoras municipales, que tenían prohibida la gestión indirecta. Los términos de este Decreto Ley son contrarios a la legislación estatal básica que sirve de límite a la acción legislativa autonómica, y que establece - atendiendo a la protección del pluralismo,y la promoción de la cultura, la educación y el entretenimiento fijados en la Ley General de Comunicación Audiovisual- , que las Comunidades Autónomas no tienen competencia para acordar la gestión indirecta de las emisoras municipales.

La AERC aglutina a los empresarios de radiodifusión comercial, empresarios que operan con título habilitante conseguido mediante adjudicación pública con base en criterios de pública concurrencia, idoneidad y capacidad técnica. Como tales, los operadores de radios comerciales concurrieron a los concursos públicos correspondientes sobre la base de una creencia en la seguridad jurídica del Estado, cimentada sobre un Plan Técnico elaborado con base en una planificación distinta de aquélla que sirvió para configurar la red de emisoras locales y su gestión.

Aprobar ahora una norma como el Decreto Ley en cuestión dinamita dicha seguridad jurídica, por cuanto añade, sólo en Andalucía, cientos de emisoras al mercado, que pasarían a poder ser gestionadas sin la protección a la concurrencia y la idoneidad que garantiza la Legislación Estatal Básica. Este Decreto Ley lesiona irreparablemente la capacidad del Estado de planificar y controlar el espectro radioeléctrico, bien imprescriptible de dominio público, cuya titularidad, gestión y planificación corresponde en exclusiva a la Secretaría de Estado de la Sociedad de Información y Agenda Digital, dependiente del ministerio de Economía.

Asimismo, genera trato discriminatorio entre operadores de radio y entre territorios del Estado, introduce inseguridad jurídica para los operadores de radio comercial que acometen inversiones en infraestructuras y contenidos, y supone una abdicación del control de idoneidad técnica, solvencia y capacidad necesarios para la prestación de un servicio de radiodifusión de calidad, plural y competitivo.

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Cuando la AERC acaba de aprobar en su Asamblea General un acuerdo para emprender acciones ante todas las Administraciones contra las emisoras ilegales, que operaran en total impunidad en gran parte del territorio y perturban gravemente la competencia en materia de radiodifusión, sorprende que la Junta de Andalucía, conocedora de que existen más de 400 emisoras ilegales en su comunidad, en lugar de proceder a su cierre, añada un nuevo factor de incertidumbre a los operadores legales, modificando por vía de urgencia y de dudosa legalidad, el statu quo radiofónico.

En este sentido resulta incomprensible para esta Asociación el cambio de actitud de la Junta de Andalucía con el entramado de emisoras ilegales al suspender en el citado Decreto Ley la prohibición de emisión de publicidad institucional y comercial en las emisoras ilegales, principio innovador que se introdujo en la Ley Audiovisual de Andalucía con el consenso de todo el sector, para luchar contra las emisoras ilegales.

Por todo ello la AERC, de acuerdo con lo aprobado en su Asamblea General de Marzo 2020:

• Insta a la Junta de Andalucía a que, con determinación, proceda al cierre de todas las emisoras ilegales que operan en su territorio. En segundo lugar, que suspenda la aprobación por vía de urgencia del mencionado Decreto Ley, una medida de dudosa cabida en el marco regulatorio de la radiodifusión, a nivel autonómico y estatal, que altera gravemente la competencia y que carece absolutamente de oportunidad.
• La AERC insta asimismo a los diferentes grupos parlamentarios andaluces y de ámbito estatal a que emprendan cuantas acciones sean pertinentes para evitar que se consume una medida como la puesta en marcha por la Junta de Andalucía.
• De la misma manera insta a los órganos jurídicos del Estado pertinentes para que velen por el cumplimiento del marco jurídico general en materia de radiodifusión y la libre concurrencia en esta materia regulada.
• Finalmente, como viene siendo habitual, la AERC pide al Gobierno de España que optimice el plan técnico de las telecomunicaciones a fin de ampliar en la medida de lo posible el número de emisoras legales que operan en cada uno de los territorios españoles.