El Poder Judicial suspende juicios, plazos y actuaciones en todo el país tras el estado de alarma

Madrid

El Consejo General del Poder Judicial ha anunciado la anulación de todos los juicios, plazos y actuaciones judiciales en todo el territorio nacional después de la declaración del estado de alarma por parte del ejecutivo central para hacer frente al coronavirus. El órgano de gobierno de los jueces extiende el conocido como "escenario 3" a juzgados de todo el país aunque mantiene los siguiente servicios esenciales:

1. Cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicio irreparable.
2. Internamientos urgentes del artículo 763 de la LEC.
3. La adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de menores del articulo 158 CC.
4. Los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les correspondan. En particular deberán asegurar el dictado de las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores.
5. El Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de audiencia. En particular, deberán asegurar la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios del articulo 52 CC.
6. Las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros, etc.
7. Cualquier actuación en causa con presos o detenidos.
8. Actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.
9. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las autorizaciones de entrada sanitarias, urgentes e inaplazables, derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente, medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes, y recursos contencioso-electoral.
10. En el orden jurisdiccional social, la celebración de juicios declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes, así como los procesos de EREs y ERTEs.
11. En general, los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes y preferentes (es decir, aquellos cuyo aplazamiento impediría o haría muy gravosa la tutela judicial reclamada).
12. El/la Presidente/a del Tribunal Superior de Justicia, el/la Presidente/la de la Audiencia Provincial y el/la Juez/a Decano/a adoptarán las medidas que procedan relativas al cese de actividad en las dependencias judiciales en que se encuentren sus respectivas sedes, y cierre y/o desalojo de las mismas en caso de que procediera, poniéndolo en conocimiento y en coordinación con la Comisión de Seguimiento competente.

El órgano de gobierno de los jueces extiende así a todos los partidos judiciales las medidas establecidas hasta ahora para Madrid, País Vasco, Haro e Igualada y se adapta así también a las medidas propuestas en las disposiciones adicionales del borrador del Real Decreto que implanta el estado de alarma: la suspensión de los plazos procesales, suspensión de diligencias y actuaciones no indispensables entre otras.

En un primer momento el Consejo estableció una diferencia entre dos escenarios, permitiendo a los territorios más afectados solicitar la suspensión de juicios y actuaciones procesales. Posteriormente se abrió la puerta a un tercer escenario, en el que estaban Madrid, País Vasco, Haro e Igualada en el que quedaban suspendidos automáticamente: en este tercer paso el "escenario 3" se extiende a todo el país.

Las medidas adoptadas por el Consejo habían desatado las críticas de casi todas las principales asociaciones de jueces y fiscales - excepto la Unión Progresista de Fiscales - solicitando inicialmente incluso la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del órgano de gobierno de los jueces.

El material necesario

Un segundo acuerdo de la Comisión Permanente también expica que el Consejo se dirige tanto al Ministerio de Justicia como a las consejerías de los gobiernos regionales con las competencias transferidas  para que "proporcionen cuantos instrumentos y medios se estimen necesarios para garantizar la protección de la salud a fin de evitar contagios y propagación del COVID-19" de los trabajadores como "elementos de protección, así como poner a disposición carteles de avisos que faciliten información sobre distancias mínimas de seguridad".

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La Comisión Permanente del Consejo añade en un comunicado que "es muy consciente de la gravedad de la situación de emergencia sanitaria que vive nuestro país y que la adopción de las medidas que se interesan ha de enmarcarse dentro del ámbito de prioridades que las autoridades sanitarias del Estado y de las Comunidades Autónomas establezcan".