Trillo, Álvarez Cascos o Méndez de Vigo, dispuestos a declarar contra el PP

Madrid

Quien fuera Secretario General del Partido Popular y también vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, ha declarado este martes en los juzgados de lo social de Madrid en contra del partido en que tantos años militó. Lo hace para defender la versión de Remedios Rodríguez, una de los seis trabajadores despedidos fulminantemente por el partido en esta XIII Legislatura, alegando un fin de contrato que, en caso de una vinculación laboral ‘fija’ no existe. Ante la juez, Álvarez Cascos ha defendido la veracidad de las aseveraciones de Rodríguez, quien asegura que trabaja para la formación desde 1986, y que cuando sus excedencias en el grupo parlamentario cesaban, esta volvía a reintegrarse en su anterior empleo en el grupo del Congreso. La primera excedencia se produjo, de hecho, para trasladarse al despacho del ex vicepresidente del Gobierno en Génova 13, en 1989.

Pero el ex Secretario General del partido solo es uno de los altos cargos de la cúpula popular de las últimas tres décadas que han sido citados a declarar este martes en el juzgado de lo social de Madrid para apoyar a Rodríguez, una de los seis trabajadores despedidos por el partido en esta XIII Legislatura, tras los resultados que el pasado mes de abril les hicieron perder más de la mitad de sus escaños (pasaron de 137 a 66) y, por tanto, gran parte del presupuesto derivado de las subvenciones previstas para cubrir los gastos electorales de los partidos (que dependen del número de votos y de escaños) y también sus gastos parlamentarios. Lo hacían en calidad de testigos, a favor de la demandante y, por tanto, en contra de su partido. Aunque ni Federico Trillo -ex ministro de Defensa- ni Juan Carlos Aparicio -ex ministro de Trabajo- tuvieron tiempo a hacerlo, sí tuvieron la oportunidad Ínigo Méndez de Vigo -ex ministro de Educación-, Juan Ramón Calero -ex presidente de la formación en Murcia- o Arturo García Tizón -ex Abogado General del Estado-. Todos ellos respaldaron la versión de la extrabajadora del partido. Del otro lado, llamados por la defensa, nombres no menos conocidos como el de Rafael Hernando -ex portavoz del grupo parlamentario-, José Antonio Bermúdez de Castro o Isabel Borrego.

Rodríguez llevaba llevaba 33 años trabajando como administrativa al servicio del partido, tanto en el grupo parlamentario popular, como en otras instituciones del Estado, así como dentro del propio Partido Popular. Ahora, denuncia que, teniendo un contrato fijo, al empezar la XIII Legislatura, el partido no solo rescindió su contrato si no que este hecho que ni se le notificó debidamente, ni recibió la indemnización. A día de hoy, más de nueve meses después, tampoco ha recibido explicación alguna. Jaime Fraile, coordinador técnico del grupo, ha asegurado en esa vista oral que José Antonio Bermúdez de Castro -diputado de la formación- e Isabel Borrego -también diputada del Congreso- fueron quienes le dieron la orden de impedir la entrada a la Cámara Baja a quien ya consideraban su exempleada, Remedios Rodríguez, desde que el día anterior se hubieran disuelto los grupos parlamentarios con la extinción de la legislatura. Impedimento que Fraile trasladó a los ujieres del Congreso. De hecho, Bermúdez de Castro también ha asegurado en su comparecencia ante la justicia que las firmas en documentos como el siguiente solo significaban “un acuse de recibo” y, en ningún caso, una aceptación de las circunstancias en él referidas, sin embargo, los documentos a los que ha tenido acceso la Cadena Ser no atestiguan exactamente lo mismo.

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La defensa de los populares pasa por el hecho de que Rodríguez se encontraba en una excedencia -motivo que movió a declarar a Méndez de Vigo, pues Rodríguez ejercía, el día anterior a ser despedida, de su secretaria en la Diputación Permanente-. Además, alegan que los contratos de los trabajadores de un grupo de diputados se extinguen cuando finaliza una legislatura -algo que el órgano de gobierno de la Cámara Baja ha negado después de que la propia Dolors Montserrat, vocal de la Diputación Permanente en aquel momento, le pidiera un informa acerca de la eventualidad de los trabajadores de los grupos parlamentarios-. Todo ello, tras tratar de posponer el juicio, asegurando que las declaraciones de los testigos citados por la acusación, no eran pertinentes. Alegación que, en este caso, tampoco ha sido atendida por la Justicia, motivo por el cual el juicio se ha celebrado finalmente. El caso ha sido visto para sentencia y Rodríguez asegura que no quiere la indemnización, que podría alcanzar los 100.000 euros, sino que la readmitan.