El fiasco de la cotización obligatoria de los becarios

Hace un año, el Gobierno aprobó por sorpresa la cotización obligatoria de todos los becarios, hasta entonces sólo lo era para quienes cobraban por sus prácticas. Se introdujo en el decreto-ley de revalorización de las pensiones aunque no se especificaba quién tenía que pagar esa cotización, lo que generó malestar en rectores y empresarios, que se enteraron de algo que les afectaba de lleno por el BOE, e inquietud entre los estudiantes.El ejecutivo explicó que era una medida para acabar con irregularidades y abusos. Para desarrollar el reglamento de su aplicación y tratar de llegar a un acuerdo se creó una comisión , pero un año después, no se ha concretado nada. La consecuencia es que los becarios tendrían que estar cotizando este curso, pero los que no cobran no lo están haciendo a pesar de que es un derecho que tienen reconocido. Los rectores dicen que el limbo en el que están las cotizaciones de los becarios les ha supuesto un «quebradero de cabeza» y que ha afectado a la oferta de prácticas que en muchos grados son obligatorias: «Muchas empresas y organismos públicos están preocupadas por el futuro de las prácticas de los estudiantes y eso ha retraso la firma de convenios o ha impedido incluso que se firmaran. Todo esto supone incertidumbre acerca del futuro y una reducción de las prácticas externas que son muy necesarias para los estudiantes», explica Miguel Ángel Collado, presidente de CRUE Asuntos estudiantiles y rector de la universidad de Castilla La Mancha. Collado recuerda que además el grueso de las prácticas, un 65%, se hace en instituciones públicas lo que complica aún más la situación”. Los universitarios lamentan que un tema tan sensible para ellos, que también afecta a estudiantes de FP, se aprobará de tapadillo hace un año, las consecuencias que eso ha tenido, y piden soluciones. «Esta medida se sacó sin contar con la comunidad universitaria y afecta de forma significativa al sistema actual de prácticas. Que no se haya regulado lo único que ha servido es para que la incertidumbre que se creó en su momento haya perdurado en el tiempo», señala Pablo Alcaraz, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). La interinidad del ejecutivo, que lleva en funciones desde marzo, ha obligado, según Empleo, a aplazar esa cotización y aplicar una moratoria hasta el curso que viene 2020-21. Desde el ministerio que dirige Magdalena Valerio se asegura que el acuerdo ya está ultimado y a la espera de que haya nuevo Gobierno para ponerlo en marcha. Como detalle de ese pacto explican que la cuantía de esas cotizaciones será menor a los 51 euros previstos inicialmente porque sólo se hará por «contingencias profesionales». Eso garantizará la protección de los becarios ante cualquier accidente laboral en las mismas condiciones que cualquier otro trabajador. Cuando se aprobó la medida Empleo cifró en 75 millones el coste anual de las cotizaciones de los 530.000 becarios a los que afectaría. Los rectores elevan esa cantidad a 100 millones que aseguran que no pueden asumir.