El Gobierno luso avanza con la descentralización: cinco secretarías de Estado se mudarán al 'Portugal vaciado'

Lisboa

Desde hace medio siglo la despoblación del interior de Portugal representa un serio desafío para el Estado luso. En cuestión de cinco décadas las zonas alejadas del litoral han perdido casi el 40% de su población, mientras que el éxodo rural ha contribuido a una crisis habitacional en las zonas metropolitanas de Lisboa y Oporto, donde vive casi el 45% de los habitantes del territorio continental portugués.

La situación ha contribuido a la desaparición de muchas aldeas históricas del país vecino y del cierre de infraestructuras públicas como escuelas y centros de salud estatales, los cuales han sido clausurados al no contar con poblaciones locales suficientemente numerosas para justificar su permanencia. También ha sido citada como un factor en desastres como los incendios que han arrasado al país vecino durante los últimos años: apenas quedan habitantes rurales que cuiden de los bosques y los dejen limpios del material orgánico inflamable con el que se nutren los grandes fuegos forestales.

Según el Movimiento por el Interior, entidad que promueve la descentralización del Estado, si continúan las tendencias actuales, la crisis que se vive en el Portugal vaciado irá a peor en los próximos años: actualmente el 82,4% de los lusos con menos de 25 años viven en el litoral, mientras que apenas el 17,6% resiste en las zonas rurales. Son oportunidades que atraigan a los jóvenes costeros a la zona y faciliten la permanencia de quienes ya están ahí, hay poca esperanza para las regiones portuguesas que se encuentran alejadas de las famosas playas y grandes ciudades de la costa atlántica.

Aunque fue criticado por su inacción en este respecto durante su primer mandato, en su segundo turno al frente del Gobierno luso el primer ministro socialista António Costa se ha comprometido a tomar medidas serias para luchar contra el abandono del interior del país vecino. Entre otras iniciativas, el jefe del Ejecutivo ha prometido luchar contra el centralismo de Portugal –donde históricamente todo los organismos gubernamentales se han concentrado en Lisboa–, y con este fin se ha anunciado que hasta cinco Secretarías de Estado pasarán a tener sus sedes en otras ciudades lusas.

Para ya, la Secretaría de Valorización del Interior se asentará en Braganza, la de Acción Social pasa a Guarda, y la de Conservación de la Naturaleza, los Bosques y el Ordenamiento del Territorio se desplaza a Castelo Branco. Durante esta legislatura se prevé el traslado de dos Secretarías adicionales a otras ciudades portuguesas, acción que ha sido celebrada por Isabel Ferreira, secretaria de Estado de Valorización del Interior, quien acudió a la cadena TSF para subrayar la importancia de lanzar “proyectos buenos y dinámicos que cuenten con actores locales y políticas públicas” para reverter el abandono del interior luso.

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No es la primera vez que un Gobierno portugués toma semejante medida: ya en 2004 el primer ministro conservador Pedro Santana Lopes "envió" seis Secretarias de Estado fuera de Lisboa, a Aveiro, Braga, Coimbra, Golegã, Évora y Faro, pero el experimento apenas duró unos meses, pues el Ejecutivo cayó en 2005 y los funcionarios fueron obligados a volver a la capital. Aunque la iniciativa actual del Gobierno Costa ha sido aplaudida, los críticos subrayan que no es una panacea que solucionará el problema mayor de la despoblación del interior, y destacan que apenas se están desplazando un 10% de las 50 Secretarías de Estado del Ejecutivo, el mayor de la historia de Portugal. No se contempla el traslado de ninguno de los 18 Ministerios, todos los cuales permanecerán en Lisboa.

Debate en España

En España el debate sobre las medidas que se pueden tomar para combatir la despoblación ciertamente entrará en el Congreso de los Diputados durante esta legislatura ya que el diputado único de Teruel Existe ha prometido hacer todo lo posible para abordar el problema. Durante una reunión con representantes de las organizaciones del ámbito de la despoblación el pasado mes de agosto Pedro Sánchez se mostró abierto a la posibilidad de trasladar algunos organismos gubernamentales desde Madrid a otras provincias, aunque el tema no ha vuelto a surgir desde entonces.

Actualmente, todos los Ministerios y Secretarías de Estado del Gobierno tienen sus sedes en Madrid, tal y como ha sido desde que Felipe II asentó la capital –y la administración del Estado– en la villa en 1561. La situación sólo se ha visto interrumpida entre 1601-06, cuando el Duque de Lerma consiguió trasladar la capitalidad a Madrid durante un corto periodo, y durante la Guerra Civil, cuando el Gobierno se trasladó a Valencia.

En el pasado muchos han fantaseado con la posibilidad de repartir los organismos por el país, o al menos sacarlos de los palacetes de la capital. En 1931 el arquitecto catalán Nicolau Rubió planteó convertir el pueblo aragonés de Utebo en el centro administrativo de la nueva República Española. Inspirándose en capitales federales como Washington D.C., Rubió se adelantó en tres décadas a Oscar Niemeyer –el genio detrás de la modernista capital brasileña de Brasília– e ideó Iberia, una ciudad absolutamente funcional en la que vivirían y trabajarían los funcionarios de la administración central.

La propuesta no avanzó durante los años que duró la República, y la idea quedó olvidada de manera definitiva una vez concluyó la Guerra Civil. Actualmente, apenas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se asienta fuera de la capital, y sólo porque tiene una doble sede por ley, con instalaciones tanto en el barrio madrileño de Chueca como en el barcelonés Distrito 22@. Desde hace años se plantea la concentración de los servicios en Madrid, pero para hacerlo se necesitaría aprobar una ley que permite cancelar el traslado aprobado en 2005 y cuyo coste superó los 18 millones de euros.