El juez procesa a Ignacio González por la ruinosa compra de Emissao
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, concluye la pieza que investiga la ruinosa compra de la brasileña Emissao por parte de la Comunidad de Madrid, y procesa por malversación y fraude al expresidente, Ignacio González, corresponsable del agujero de 25 millones en las arcas públicas y del pelotazo de 4.6 obtenido con la adquisición
Ignacio González, en una foto de archivo. / Eduardo Parra (GETTY IMAGES)
Madrid
El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado hoy, tal y como avanzó este viernes la Cadena SER, el procesamiento del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la compra de la empresa Emissao por parte del Canal Isabel II, que causó un agujero de 25 millones en las arcas públicas, con reparto de mordidas de 4.6 millones de euros entre sus beneficiarios, entre ellos el propio González.
El juez concluye, tras la petición fiscal, que hay indicios sólidos de que González y el resto de procesados, incurrieron en delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración. Otras de las personas también procesadas en esta pieza son su mano derecha en el Canal, Edmundo Rodríguez Sobrino; del ex delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro; o de la ex directora del Canal, María Fernanda Richmond, entre otros.
Las pruebas que apuntan a la responsabilidad criminal de los investigados se han acumulado a lo largo del procedimiento. Además de diversas confesiones y de las propiedades y cuentas intervenidas, en el domicilio de Edmundo Rodríguez apareció un documento manuscrito que detallaba el reparto de las comisiones por esta operación.
Al “Conde”, pseudónimo atribuido a González por los investigadores, le correspondieron 1.8 millones de dólares, mientras que otras cuatro personas, denominadas el “Gral”, posible abreviatura de general; “Abuelo”, “Maradona” y “Moro”, se repartieron 0.9 millones cada uno.La compra de Emissao resultó una ruina para la Comunidad de Madrid.
En 2013, un año después de adquirir esta empresa brasileña por 36.2 millones del erario público, solo valía 5. La adquisición se produjo a pesar de la existencia de dos informes elaborados por los dirigentes del Canal Isabel II y la auditora KPMG, que advirtieron entre tres y seis meses antes de la compra de que Emissao estaba sobrevalorada y de la existencia de “graves riesgos” con la operación. Esta documentación, según los investigadores, fue ocultada al consejo de administración del Canal.
