Anticorrupción pide procesar a Ignacio González por el pelotazo en la compra de Emissao
La fiscal Anticorrupción, Ana Cuenca, reclama al juez del caso Lezo que concluya la pieza que investiga la ruinosa compra de la brasileña Emissao por parte de la Comunidad de Madrid, y procese por malversación y fraude al expresidente, Ignacio González, corresponsable del agujero de 25 millones y del pelotazo de 4.6 obtenido con la adquisición
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Ignacio González, en una foto de archivo / Eduardo Parra Getty Images
Madrid
La Fiscalía Anticorrupción quiere sentar en el banquillo al expresidente de la Comunidad de Madrid Francisco González por la compra de la empresa Emissao por parte del Canal Isabel II, que causó un agujero de 25 millones en las arcas públicas, con reparto de mordidas de 4.6 millones de euros entre sus beneficiarios, entre ellos el propio González.
La fiscal Ana Cuenca reclama al juez que concluya esta pieza del caso Lezo y procese a González por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración.
En su petición presentada esta semana, la fiscal también solicita al magistrado el procesamiento por estos mismos hechos de Edmundo Rodríguez Sobrino, del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, o de la exdirectora del Canal, María Fernanda Richmond, entre otros.
Las pruebas que apuntan a la responsabilidad criminal de los investigados se han acumulado a lo largo del procedimiento. Además de diversas confesiones y de las propiedades y cuentas intervenidas, en el domicilio de Edmundo Rodríguez apareció un documento manuscrito que detallaba el reparto de las comisiones por esta operación. Al Conde, pseudónimo atribuido a González por los investigadores, le correspondieron 1.8 millones de dólares, mientras que otras cuatro personas, denominadas el Gral, posible abreviatura de general; Abuelo, Maradona y Moro, se repartieron 0.9 millones cada uno.
La compra de Emissao resultó una ruina para la Comunidad de Madrid. En 2013, un año después de adquirir esta empresa brasileña por 36.2 millones del erario público, solo valía 5.
La adquisición se produjo a pesar de la existencia de dos informes elaborados por los dirigentes del Canal Isabel II y la auditora KPMG, que advirtieron entre tres y seis meses antes de la compra de que Emissao estaba sobrevalorada y de la existencia de “graves riesgos” con la operación. Esta documentación, según los investigadores, fue ocultada al consejo de administración del Canal.
