El Tribunal Supremo no podrá suspender los permisos penitenciarios a los condenados del procés
Los condenados por el procés podrán beneficiarse del régimen abierto al margen del tiempo de condena que hayan cumplido
Cuadro con los años de prisión que impone la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del ‘procés’. / Europa Press (EUROPA PRESS)
Madrid
Los trámites administrativos que se inician para el cumplimiento de las condenas pasan en primer lugar por la clasificación de grado de los penados. Para ello el equipo técnico de cada una de las prisiones donde se encuentran ingresados plantean a la Junta de Tratamiento el grado penitenciario en el que debe ser clasificado el interno, normalmente en segundo grado, aunque también pueden valorar si tiene opciones a un régimen de semilibertad que permita la integración del preso mediante un programa específico que no puede desarrollarse en la prisión.
Salida inmediata
Esta vía supondría la salida de prisión inmediata de los líderes independentistas, aunque quedaría posteriormente sometida a los recursos de la Fiscalía ante el juez de vigilancia penitenciaria en primera instancia y llegar hasta el Tribunal Supremo solo cuando se trate de resolver los recursos presentados contra la progresión de grado de los penados
En cambio, el Supremo no tiene atribuciones para pronunciarse sobre los recursos que se presenten contra la concesión de permisos puntuales de salida de prisión que corresponden al juez de vigilancia penitenciaria de la zona donde se encuentra la cárcel. En consecuencia, la eventual concesión de permisos extraordinarios de libertad depende de los informes de la Junta de Tratamiento, el fiscal y el juez de vigilancia pero no del tribunal sentenciador.
Más información
No es la primera vez que se dan circunstancias similares, y a su aplicación no sería una novedad. Se han beneficiado Oriol Pujol Ferrusola, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, el expresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso o, de forma más reciente, el yerno del rey, Iñaki Urdangarin.
Solo progresión
El artículo 36.2 del Código Penal reserva para el tribunal sentenciador la última palabra sobre el régimen y el proceso penitenciario y sitúa al juez de vigilancia penitenciaria como el supervisor de los recursos presentados sobre los permisos ordinarios y extraordinarios.
El Supremo explica en la sentencia que con ese artículo el tribunal sentenciador se erige en vigilante del proceso penitenciario y se le confiere “una facultad con incidencia directa en la progresión de grado” de los condenados.
Los jueces destacan que la revisión de las decisiones administrativas sobre los permisos es “la mejor garantía de que el cumplimiento de las penas se ajustará a un pronóstico individualizado de cumplimiento y progresión”.
Clasificación del interno
Una vez que el interno tiene la condena firme en su mano, el centro penitenciario realiza en unas semanas un estudio multidisciplinar en el que intervienen los miembros de la junta de tratamiento, profesionales en psicología, medicina forense y educadores, entre otros para evaluar al interno y realizar un pronóstico previo individualizado que determina en qué grado penitenciario debe ser clasificado.
En este estudio, la Junta de Tratamiento propone la clasificación del interno en función de las circunstancias favorables de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales y la evolución del tratamiento reeducador. La decisión que adopte la junta de tratamiento puede ser recurrida por el ministerio fiscal ante el juez de Vigilancia Penitenciaria.
El tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo tienen la última palabra cuando se recurre la clasificación del interno, pero no así en los permisos de salida o los extraordinarios que son resueltos en ultimo termino por el juez de vigilancia penitenciaria.
Tercer grado
La ley penitenciaria determina que una vez sea firme la condena, se podría aplicar el tercer grado directo a los penados (solo dormir de lunes a viernes en la prisión), pero solo en casos excepcionales ya que la costumbre de las Juntas de tratamiento, Instituciones Penitenciarias y jueces de vigilancia es la clasificación de los reclusos en un régimen intermedio como es el segundo grado penitenciario, como paso previo a la concesión de permisos de salida puntuales.
Pedir perdón
El tercer grado penitenciario se aplica por lo general a aquellos reclusos que estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad. Pero antes deben haber resuelto algunas de sus deudas sociales y económicas. Se exige haber abonado la responsabilidad civil impuesta en la sentencia, reparar el daño y perjuicios causados, pedir perdón a la víctima, además de otros factores, como la conducta desarrollada en prisión, su evolución individualizada o el pronostico de peligrosidad.
Motivos humanitarios
La ley también contempla que el tribunal o el juez de vigilancia penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con padecimientos incurables y de los septuagenarios valorando, especialmente su escasa peligrosidad.
Javier Álvarez
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en La Cadena SER donde esta vinculado a la sección de Justicia...
