Las cinco cuentas pendientes con la universidad española

El nuevo gobierno que se constituirá en los próximos meses tiene por delante muchos retos. Uno de ellos es hacer algo con la educación superior universitaria, un espacio de poder en el que es muy difícil legislar por su importancia a nivel laboral y social. El ministerio de Ciencia y Universidades ya tiene preparada una batería de medidas cuyo objetivo es sacar del destierro a las facultades, pero muchos dudan de su eficacia y, sobre todo, primero tiene que haber un ejecutivo funcionando. El encaje legal de las universidades responde a su autonomía reconocida en la Constitución. Del catálogo de miembros del sector público, se trata de administraciones independientes, con capacidad de autoorganización y con recursos propios. Hablamos de instituciones que gestionan varios miles de trabajadores públicos y privados y cientos de miles de alumnos. Con la aprobación de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Estado se echó a un lado en la financiación de las universidades. Autonomía, entonces, significó buscarse las “habichuelas”. El objetivo fue convertir la universidad en un espacio rentable cuyo coste social y administrativo fuera mínimo. Ahora parece que el invierno universitario ha acabado. La marea verde ya no inunda las calles. Los problemas del pasado se clavaron como una astilla y nadie ha podido sacarla, pero hay todavía cuentas pendientes con la universidad pública. El precio del crédito universitario en el curso 2012-2013 costaba de media en la Complutense 13 euros, hoy cuesta 24, pese a la bajada de precios que propulsó Cristina Cifuentes antes de las elecciones autonómicas de 2015. En el caso de Barcelona, el precio se dobló de los 15 a los 33 euros y se ha mantenido así desde entonces. “El problema no es pagar solo una carrera como servicio, sino que hay otras barreras como la vivienda, la comida o el ocio”, dice Pablo Alcaraz, presidente de la Coordinadora de Representantes de las Universidades Públicas (CREUP)”. Las diferencias de renta entre universitarios acentúan la existencia de un sesgo de clase en las facultades. Una elitización que todavía no se ha suavizado por la infrafinanciación de la universidad pública. El “extenso” programa de becas que hay en España debería compensar estos precios, pero no es suficiente y no todo el mundo puede acceder a ellas. Hay dos límites: la nota que saca el alumno y las condiciones que reúna el solicitante. Los precios han dejado de ser públicos porque un amplio porcentaje de la financiación de la universidad recae sobre los alumnos y las familias con menos recursos. Es un sistema que se sostiene en su mayoría por la entereza de la clase media española. En 2016, con los datos de los últimos presupuestos aprobados, el gasto en educación fue del 8,6% del PIB, cerca de dos puntos por debajo de los países de la OCDE. Ahí está incluida la partida de becas. Otro dato significativo es que el gasto privado en educación ha subido en los últimos diez años. Son los particulares los que cargan con el peso de la educación pública. Miembros de la CREUP opinan que el primer curso de carrera debería ser gratis. Después, los precios deberían adaptarse a las condiciones económicas de los alumnos y sus familias. Ningún partido ha presentado una propuesta firme para bajar el precio de los grados, aunque PSOE y Unidas Podemos acordaron subir el gasto público en educación a niveles europeos. En España hay un problema de sobrecualificación. Un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) señala que, en 2017, el 37.1% del total de ocupados con titulación superior estaba desempeñando en España un puesto de baja cualificación, frente al 23,2% de la UE. Hay un creciente desajuste entre la cualificación de los graduados y su trabajo. Para afrontar este problema hay que echar un vistazo al sistema productivo en general. Las áreas relacionadas con la tecnología, ingeniería y matemáticas tienen mayores perspectivas de crecimiento en comparación con otras, pero también están infrarrepresentadas en España en comparación con la UE. Con todo, la tasa de ocupación de las personas graduadas es mayor que las que tienen estudios generales o básicos. La orientación más pragmática de los grados, la posibilidad de hacer prácticas en empresas y la extensa red de contactos de las universidades permiten una incorporación más sencilla al mundo laboral. Aunque hay otros problemas de fondo como la precariedad o la realidad de un sistema que no puedo absorber cerca de 200.000 egresados por año. Por otra parte, la Conferencia de Rectores (CRUE) entiende que es necesaria una reestructuración de los grados y másteres para adaptarlos a las demandas sociales y productivas. La formación de posgrado ha subido un 11,2% durante el curso 2016-2017, los estudios de máster se han convertido en requisito indispensable para aspirar a un trabajo. Pero también se han convertido en potentes negocios, muchas veces con pinceladas de ilegalidad y sumideros de alumnos de la universidad pública a la privada. Según Alcaraz y en connivencia con el ministerio, es necesario modificar el real decreto de creación de universidades para “limitar” la proliferación de universidades privadas y que, de esta manera, se evite que “haya cada vez más inversión en este tipo de instituciones en detrimento de la universidad pública”. En un decálogo escrito por las universidades públicas españolas y publicado por la CRUE se exige a los partidos políticos el “aumento y estabilización de las plantillas universitarias”. Denuncian que una de las primeras consecuencias de la crisis fue la paralización de las políticas de incorporación y promoción de docentes. En la práctica esto se traduce en la no reposición de las plantillas, con profesores que tardan en jubilarse y con carreras profesionales inmovilizadas. Como el sistema universitario no puede detenerse, las 50 universidades públicas españolas recurren a la figura del profesor asociado. Es la mejor expresión de la precariedad laboral en la educación. Se trata de profesores que pueden ganar menos de 500 euros al mes y se han convertido en el núcleo de la universidad. Muchos tienen que pagar la tasa de autónomos y, además, van encadenando contratos que renueva la universidad cuando el servicio es necesario. Se trata de una perversión legal, introducida mediante decretos que intervienen en el régimen de contratación de las universidades, con la que los centros educativos pueden contratar profesores colaboradores, ayudantes y visitantes con distintas situaciones contractuales que tienen como común denominador los sueldos bajos y la inestabilidad laboral. De los 100.000 profesores que tiene la universidad pública, 60.000 son contratados laborales y 40.000 funcionarios. De esos 60.000, la mitad son profesores asociados. Hace diez años la proporción era de 50-50. Con la proliferación de estos “colaboradores” el trabajo se vuelve más flexible y, por tanto, más precario. La búsqueda de recursos propios siempre fue uno de los principios básicos de la autonomía universitaria. A partir de 2008, se acentúa la desfinanciación del Sistema Universitario Estatal (SUE) por el ‘shock’ generalizado de la administración central y autonómica. El CRUE denuncia que no se han recuperado los niveles de financiación de hace diez años y que los poderes públicos tienen que considerar la educación “como una inversión” y no “como un gasto”. En los presupuestos de 2016, la diferencia de crédito para todas las universidades públicas en comparación con 2011 era de más de 1.000 millones de euros. Según los representantes del SUE se necesita, entre otras cosas, una nueva ley de Mecenazgo “que incentive el apoyo a las actividades de transferencia e investigación desarrolladas por las universidades”. Es decir, la financiación privada tiene que ocupar otro espacio en la universidad, tiene que adquirir importancia. La captación de recursos privados en las instituciones universitarias roza el 20%, lejos del 40% en el que están otros países de Europa y de ese 20% solo el 7% son donaciones, según la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades (CCS). Aunque se incentiven las actividades de mecenazgo, los más críticos avisan que la universidad pública no puede depender de la filantropía de unos pocos particulares. Se corre el riesgo de generar una red de necesidades que, aun confiando en la bondad de los privados, podría dar lugar a exigencias futuras que no puedan afrontar las instituciones públicas. Esto es, compra de favores, clientelismo, nepotismo, etc. Pablo Alcaraz, presidente del CREUP, opina que debería invertirse “lo equivalente a 7.000 dólares por alumno para poder estar a niveles aceptables de financiación de la educación superior”. “Es completamente imposible que el sistema actual tienda hacia un modelo de educación nórdico”, sentencia. En una infografía publicada por la revista ‘Nature’ en mayo, España aparece como uno de los países europeos en los que, en todas sus regiones, la inversión por habitante en investigación es baja o media-baja. En la región de Braunschweig (Alemania) se llegan a invertir hasta 3.000 euros por habitante. Desde la universidad aseguran que el “60% de la investigación científica sale de las facultades”, pero estamos perdiendo científicos. En 2018 no se gastó ni la mitad de lo presupuestado en ciencia y por entonces no había un gobierno en funciones. El apoyo a la investigación pasa por “financiar las convocatorias estatales de Ciencia con planes plurianuales y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”, la difusión en abierto de las producciones científicas y clarificar el tratamiento contable de los gastos para justificar qué se invierte en cada módulo y programa, según la CRUE. La aprobación del decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia y la Tecnología, junto con una partida de gasto mayor, hasta un 6,4% más en el último proyecto de presupuestos, son un primer paso para recomponer la investigación en España. Según el ministerio, estas medidas podrán agilizar los procesos de contratación en las universidades y la compra de materiales para proyectos científicos. Por otra parte, se quieren mejorar las condiciones de los préstamos que concede el Gobierno para devolverlos más tarde y mejorar el funcionamiento de la Agencia Estatal de Investigación. Aun así, sin una partida de presupuestos aprobada, queda todo en una pobre rúbrica. El PSOE presentó en su ‘Propuesta Abierta para un Programa Común y Progresista’ la gratuidad de la primera matrícula en carreras denominadas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática). La medida viene motivada por un dato: en el curso 2017-2018 se matricularon más mujeres (54,8%) que hombres (46,2%), pero la distribución por ramas de enseñanza sigue siendo poco homogénea. En Ingeniería y Arquitectura, ese mismo año, el 75% de los matriculados eran hombres. Además, estas carreras tienen un índice de empleabilidad más alto que otras. Sin embargo, la idea de ofrecer gratis el primer año de matrícula no ha sido bien recibida por el resto de los partidos políticos ni por la universidad. La propuesta no soluciona el problema del gasto en sucesivas matrículas y algunos sectores la han tachado de “paternalista”. La progresiva incorporación de mujeres a carreras científico-técnicas pasa por programas de “mentoring” que incentiven a no abandonar el grado y, sobre todo, que empiece a haber una presencia mayor de profesoras universitarias. Según datos del propio ministerio, el 65% de los funcionarios profesores tienen más de 50 años, en esa franja el 62% de los profesores son hombres. Por el contrario, los contratados laborales suelen ser jóvenes menores de 40 y ahí hay más paridad. Para Irene Vigil, representante de la asociación ‘VikalvaradaURJC’, la feminización de estas carreras va mucho más allá y tiene que ver con la “socialización” de ciertas profesiones. Según ella, ciertas áreas de conocimiento quedan distribuidas por sexos y esto acaba “cristalizándose” hasta nuestros días. La batería de medidas que, en su caso, saldrá de la Secretaría General de Universidades pretende racionalizar las carreras a distancia porque, dicen, su proliferación ha provocado un “descontrol” en la calidad de la enseñanza. También pretende abordar una reforma de la ley de universidades, aunque sin un planteamiento concreto y aumentar el gasto en investigación. Por otra parte, el secretario general José Manuel Pingarrón manifestó que “la Universidad debe ser ejemplo de buenas prácticas en procedimientos internos”. La profundización en la transparencia es otra asignatura pendiente, sobre todo por la todavía opaca toma de decisiones en los consejos de Gobierno o los contratos públicos que realizan las universidades con terceros. Todos los partidos abogan por un gran pacto educativo, pero de momento las propuestas son estériles y el olvido puede terminar en desastre.

Las cinco cuentas pendientes con la universidad española

Alejandro Becerra

Webs de PRISA