Los Franco niegan que la compra del Pazo de Meirás fuera simulada
En su respuesta a la demanda del Gobierno destacan que el dictador pagó de su bolsillo los impuestos del inmueble hasta su muerte
Madrid
Los nietos de Franco han respondido este lunes a la demanda del Gobierno por el Pazo de Meirás presentada el pasado mes de julio en el juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña . En su escrito niegan que la compra fuera "simulada y fraudulenta" como argumenta la Abogacía del Estado basándose un acta notarial del año 1938 encontrada recientemente. Según ese documento Franco no pudo adquirir el Pazo tres años más tarde, en 1941, porque su dueña, la nuera de la escritora Emilia Pardo Bazán ,Manuela Esteban Collantes, ya lo había vendido a la Junta Pro Pazo para regalarla al entonces Jefe del Estado.
Los herederos del dictador, sin embargo, asegura que Esteban Collantes no pudo vender el Pazo en el 38 porque no tenía el "título sucesorio". En su escrito elaborado por los letrados Utrera Molina, que también les representa en el contencioso por la exhumación de Franco, y en Gil Evangelista, y del que los letrados han hecho público un resumen, argumentan además que "la "donación" del Pazo a D. Francisco Franco por parte de la Junta Pro Pazo en un pergamino datado en diciembre de 1938 no fue más que un acto simbólico por el que se escenificó la entrega del Pazo a D. Francisco Franco, careciendo de cualquier validez legal al no haberse verificado en escritura pública por parte de su legítimo propietario".
Según la defensa de los nietos Esteban Collantes seguía siendo la legítima propietaria en 1941 y que todas las partes intervinientes en el proceso decidieron simplificarlo y "formalizar una escritura de Compraventa en el año 1941, transmitiendo directamente la propiedad a Don Francisco Franco, lo que no era sino el efecto final que todos los que tuvieron alguna participación en el proceso de venta del Pazo de Meirás".
La defensa de los Franco niega que el inmueble fuera nunca un bien de dominio público, como argumenta el Abogado del Estado, incluso en el caso - señala el escrito, de que este hubiese llegado a adquirir el inmueble por lo que se denomina usucapión, una figura legal que otorga la posesión de un bien a quien disponga de él de forma pública, pacifica e ininterrumpida durante 30 años. La familia del dictador dice que eso no es posible porque Franco pagaba siempre los impuestos que correspondían al inmueble , entre ellos la "Contribución" y que los productos o rendimientos que reportaba no se ingresaban en el Tesoro Público "se asumieron y fueron declarados a Hacienda por Don Francisco Franco de forma regular e ininterrumpida hasta su fallecimiento".
Los letrados también dicen que "las pretensiones que se ejercitan en la demanda constituyen un ejemplo palmario de actuación contradictoria con los actos propios y de "Retraso Desleal" en el ejercicio de un -pretendido- derecho (...) mantenido un comportamiento que razonablemente llevaba a pensar a éstos que el cuestionamiento de su propiedad que ahora se hace en la demanda presentada por el Estado no era algo que jamás se fuese a plantear". Como ejemplo de que nunca se llegó a cuestionar la propiedad del Pazo , según los abogados, "la complacencia y activa participación de las Administraciones Públicas en cuantas consecuencias impositivas o tributarias ha traído consigo la titularidad y sucesivas transmisiones del Pazo de Meirás (IBI, Impuesto sobre Sucesiones, I.R.P.F., Impuesto sobre el Patrimonio, etc, todos cuyos tributos han sido puntualmente exigidos a los herederos de D. Francisco Franco como dueños del Pazo de Meirás y han sido también puntualmente pagados por éstos ,el absoluto desentendimiento por parte del Estado desde 1975 respecto de los gastos que ha supuesto su conservación y mantenimiento (con mención especial de todo lo que supuso su rehabilitación o recuperación a partir del devastador incendio que sufrió en el año 1978, con toda probabilidad provocado intencionalmente, que fue íntegra y exclusivamente gestionado y sufragado por la Familia Franco), o la exigencia de obligaciones a la Familia Franco en su condición de propietarios del inmueble que comportó la declaración del Pazo de Meirás como "Bien de Interés Cultural" en el año 2008, una vez reconstruido por su entonces propietaria, la anterior Duquesa de Franco".