Prisiones abre una investigación para identificar a los presuntos funcionarios que hablaron sobre Ana Julia Quezada

Madrid

Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación de oficio contra los funcionarios que, durante las últimas semanas, han hecho declaraciones en los medios de comunicación presuntamente para hablar sobre Ana Julia Quezada, la presunta asesina del niño Gabriel Cruz en Almería.

Las declaraciones de estos presuntos funcionarios de prisiones se han hecho por personas encapuchadas y con la voz distorsionada con lo cual Prisiones tiene que identificarlos para saber su identidad. Si Prisiones confirma que realmente son funcionarios de prisiones se les puede abrir un expediente administrativo e incluso se puede dar traslado a la Fiscalía General del Estado para que actúe.

La pena por revelación de secretos de un funcionario público es de 12 a 18 meses de multa e inhabilitación por ejemplo para empleo o cargo público por un tiempo de tres años. Hay precedentes de casos similares como el caso de los dos funcionarios que revelaron datos médicos de la parricida de Godella que ya están siendo investigados por el juez.

Además de esta investigación el Secretario General de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, ha remitido una carta a todos los directores de las cárceles españolas para recordarles su deber de secreto con la información obtenida en el puesto de trabajo: primero para preservar la intimidad del interno y después para no hacer más daño innecesario de la víctima.

"Ante la frecuencia con la que aparecen en diversos medios de comunicación trabajadores que dicen ser funcionarios de Instituciones Penitenciarias divulgando datos de diversa índole relativos a las personas privadas de libertad, algunos de ellos de especial protección por afectar a su esfera más íntima, y teniendo en cuenta que ese tipo de información puede perjudicar a las víctimas de los delitos, se hace necesario que por parte de los directores de los centros penitenciarios se recuerde a todas las plantillas la legislación existente al respecto" recoge la misiva.

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"Es objetivo de esta Secretaría General atajar aquellas conductas profesionales contrarias a los deberes expuestos" finaliza la misiva que ha llegado ya a los diferentes centros penitenciarios.