La Audiencia Nacional desvincula a Garzón de Villarejo

Madrid

El juez que investiga el 'caso Villarejo', en particular el 'proyecto PIT', afirma en un auto fechado este miércoles que es falsa la justificación que dieron varios imputados y el propio Villarejo sobre que Garzón había cobrado 2,5 millones por hacer de intermediario en la extradición a Guatemala del empresario español Ángel Pérez-Maura.

El magistrado Garcia Castellón detalla en el auto que algunos imputados “no dudaron tal y como señala el ministerio fiscal, en justificar alguno de esos cobros en supuestas contrataciones como la del Sr Garzón (…) justificaciones estas carentes de toda verosimilitud y sin soporte probatorio alguno, como han reconocido en sede judicial los propios investigados en sus declaraciones posteriores a la detención”.

Garcia Castellón realiza esta afirmaciones en una resolución en la que da impulso renovado a la pieza “proyecto PIT”, al autorizar a la Unidad de Asuntos internos de la policía Nacional a que investigue exhaustivamente cuatro cuentas bancarias de los imputados, a través de las que realizaron operaciones para sostener y cobrar sus comisiones este presunto fraude al empresario a quien hicieron creer que podrían influir en el ánimo de los jueces de la Audiencia Nacional para evitar su extradición.

El juez ordena a la policía que fiscalicen los movimientos y todas las operaciones en las cuatro cuentas bancarias (Sabadell, Caixabank, Santander y Bankinter), asi como cualquier otra información o documentación complementaria para el rastreo de los fondos, desde el uno de enero de 2016 hasta la actualidad.

Ministra de Justicia

El magistrado García Castellón explica que Villarejo no solo utilizo el nombre de Garzón de forma fraudulenta para justificar algunos de esos cobros en supuestas contrataciones sino que también utilizo de forma fraudulenta "supuestas gestiones con terceras personas vinculadas con la Administración de Justicia". El magistrado alude sin citarla a la Ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, que fue vinculada con las supuestas gestiones "carentes de toda verosimilitud y sin soporte probatorio, como ya ha puesto de relieve la propia Fiscalía Anticorrupción".

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Proyecto PIT

La pieza judicial investiga los servicios que el empresario español Ángel Pérez-Maura contrató en 2016 al ex agente policial (Villarejo) para solventar sus problemas con Guatemala, donde se le acusaba de delitos de corrupción por pagar comisiones para favorecer a su empresa en la adjudicación de un contrato.

Se investigan delitos de cohecho internacional, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, encubrimiento, blanqueo de capitales y organización criminal. Según el sumario, Villarejo estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía cuando fue contratado por los hermanos Pérez-Maura (Ángel y Álvaro).

Ángel Pérez-Maura declaró al juez Manuel García Castellón, dos días después de ser detenido el 8 de mayo, que el trabajo que le hizo Villarejo fue "una tomadura de pelo" y que está "convencido" de que le "engañó" cuando le pidió "un adelanto" de los 10 millones de euros que puso como precio a sus servicios "para contratar al Sr. Garzón".

Imputados

En esta investigación están imputados José Villarejo, José Villarejo Gil (Hijo), Rafael Redondo (Socio de Villarejo), Ángel Pérez-Maura (empresario), Adrián de la Joya (empresario), Julio Ligorria (exembajador de Guatemala en EEUU) y Antonio Bonilla (inspector)