La subida del Salario Mínimo encuentra resistencias en el campo
Los sindicatos preparan movilizaciones este martes para reivindicar que se cumpla con el aumento del 22% marcado por ley
Getty
Madrid
La subida el 22% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2019 se ha completado, en general, sin problemas y -a pesar de algunos augurios pesimistas de distintos analistas- sin afectar negativamente al empleo, según los datos del Ministerio de Trabajo. Pero en un sector productivo sí que se están detectando “resistencias” por parte de los empresarios, en palabras del secretario de Estado de Seguridad Social, resistencias que constatan los sindicatos: en las actividades agrícolas, un ámbito en el que la mano de obra es el principal gasto empresarial, en el que además los salarios son muy bajos (de ahí que cualquier cambio en el SMI tenga importantes repercusiones), y la precariedad es muy elevada.
Esta combinación ha llevado a que en 30 provincias, según CCOO y UGT, no se estén pagando las cantidades actualizadas a los trabajadores del campo, sobre todo a los que están en una situación más vulnerable (temporeros y eventuales). Y las federaciones agrícolas de estas centrales han decidido que el 21 de mayo sea el día en que se visualice este incumplimiento de la norma, con movilizaciones en los territorios más afectados.
UGT FICA y CCOO Industria han convocado, en algunos casos conjuntamente y en otros por separado, movilizaciones, concentraciones ante las sedes de las patronales y marchas en Zaragoza, Alicante, Murcia, Canarias y distintas provincias de Andalucía para el martes. “En Huelva se dan en el año, aproximadamente, 9 millones de jornadas, y en Murcia 14 millones”, explica el responsable del sector agrario de UGT FICA, Emilio Terrón; “si valoramos lo que van a dejar de pagar los empresarios [por no cumplir con la subida del SMI] en 2019, nos encontramos con 36 millones de euros en Huelva y 56 millones en Murcia; un dinero que nunca podrán recuperar la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, porque muchos son de fuera de España: de Marruecos, de Rumanía, de Polonia…”, concluye.
La atomización de la negociación colectiva en el sector (hay 60 convenios) hace que la distribución del problema sea desigual por territorios, con algunos en los que se ha alcanzado acuerdos con la patronal y otros, como Extremadura, en los que se decidió recurrir al arbitraje cuando había una huelga de cinco días ya convocada -entre el 21 y el 25- para protestar por la situación; el recurso al árbitro permitió que la protesta se desconvocase, y el laudo -conocido este pasado fin de semana- ha sido favorable a los sindicatos. Por ello, además de la solución a la reclamación del SMI, los sindicatos piden que se retomen las negociaciones para cerrar un Convenio Estatal que aborde éste y otros problemas del sector. “Decimos ‘no’ al fraude laboral, a la economía sumergida, al 60% de temporalidad, a los alojamientos indignos y al incumplimiento en materia de SMI”, resume Javier Velasco, responsable estatal del sector del campo de CCOO Industria.
Desde la patronal acusan a los sindicatos de ser los responsables de la paralización de esas negociaciones estatales al “pactar con el Gobierno, de espaldas a los empresarios, una subida desproporcionada del SMI”, y también de alterar la marcha de la negociación colectiva territorial, señalando a convenios ya firmados en la que la subida del 22% “no afecta”, según Felipe Gayoso, asesor laboral de ASAJA Sevilla. “La situación es distinta según la provincia y el estado de negociación del convenio correspondiente”, continúa Gayoso; “lo que no se puede es politizar las relaciones laborales del campo, banalizando y frivolizando con los salarios en un momento en el que se acercan las elecciones”, apostilla.
