La Justica reclama los gastos reservados del PSOE y PP de los últimos 14 años destinados al número 2 de Villarejo

Madrid

La Audiencia Nacional amplía la petición al Gobierno para desclasificar los documentos secretos del caso Villarejo, a raíz de las últimas declaraciones del Comisario Garcia Castaño.

El juez Manuel Garcia Castellón pide al Gobierno desclasificar los fondos reservados que fueron entregados al comisario de la Unidad de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño entre 2005 y 2017 para que pueda declarar sobre su uso y rebatir las acusaciones de enriquecimiento ilícito.

El juez no tiene acceso a esos documentos secretos que guarda el Gobierno y, por segunda vez, reclama su desclasificación para poderlos incorporar a la investigación “ante la necesidad de conocer el empleo de los fondos reservados durante el tiempo en que el investigado Enrique García Castaño estuvo destinado en la Comisaría General de Información, desde el año 2005 hasta su cese en dichos destinos”.

En el escrito que solicita la ampliación de los documentos reservados, fechado el pasado 28 de marzo, el magistrado informa al Gobierno sobre la gravedad del caso al asegurar que “las actividades desplegadas por la organización tenían por objeto el empleo espurio de información sensible a cuenta de terceros clientes privados que les permitiría realizar chantajes o amenazas, presionar o ganar voluntades de forma ilícita o simplemente beneficiarse del acceso a información privilegiada”

El entramado profesional y empresarial constituido por el excomisario José Villarejo, señala el magistrado, utilizó a policías “que prevaliéndose de su posición dentro del Cuerpo Nacional de Policía procedieron de forma sistemática y continua a la comisión de diversos delitos de revelación de secretos oficiales, infidelidad en la custodia de documentos, amenazas y chantajes, cohecho, malversación, delito de blanqueo de capitales, y otros directamente relacionados con la corrupción”.

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El juez reclama al Gobierno los datos reservados sobre los gastos de este policía desde 2005 hasta 2017, lo que implica a los ministerios de Interior de los gobiernos del Partido Socialista de José Luis Rodriguez Zapatero de 2004 y los de Mariano Rajoy hasta el que el funcionario fue cesado de la Unidad Operativa de la Policía.

Garcia Castaño, solicitó al juez que pidiera la desclasificación de los documentos para poder rebatir las acusaciones de enriquecimiento ilícito por los ingresos del comisario, cercanos a los 600.000 euros que no puede justificar con su sueldo.

El policía está imputado en varias piezas del caso Villarejo en las que se ha convertido en uno de los principales acusadores a pesar de su condición de imputado, desvelando datos sobre pagos y operaciones de espionaje ilegales como la construida en torno al tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas para tratar de apoderarse de toda la información “perjudicial” que tuviera sobre el Partido Popular. El propio García Castaño ha reconocido haber entrado sin orden judicial en un piso de la familia.

Castaño, además, ha desvelado parcialmente datos sobre el funcionamiento de la “policía patriótica” desplegada presuntamente en el Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz, por lo que los datos que reflejen las cuentas de gastos reservados a su nombre pueden servir para que el juez complete la investigación sobre la telaraña corrupta de estos funcionarios.