Odio y escupitajos en el Tribunal Supremo
Decenas de agentes han relatado los problemas que tuvieron para ejecutar registros y para intervenir el 1-O
Uno de los agentes ha comparado una protesta de 200 personas contra un registro con el terrorismo etarra
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Madrid
Odio. Escupitajos. Patadas en la cabeza. Los primeros años de ETA. La semana ha servido para que el tribunal que juzga el procés independentista escuche cómo se vivió la jornada del referéndum ilegal desde los uniformes de la Guardia Civil, con una decena de agentes definiendo esos disturbios como la peor experiencia de sus carreras mientras algunos acusados, que precisamente les acusan de excederse en el uso de la fuerza, miraban atónitos desde el banquillo.
Son testimonios que, adornos aparte, dibujan el escenario rebelde defendido desde el principio por la Fiscalía, y viajando algo más allá. "No entiendo por qué aquellas personas, que eran del pueblo, se habían comportado como delincuentes", dijo un agente que intervino en Sant Andreu de la Barca. "Vi por primera vez en mi vida profesional el reflejo del odio", dijo otro que intervino en los registros en UNIPOST. Otro, más joven que el resto, aseguró que una concentración de 200 personas en uno de los registros le recordó a los primeros años "del conflicto vasco" tal y como se lo han relatado los más veteranos de su unidad.
Los relatos de los agentes coinciden en señalar que la resistencia activa que encontraron tanto en los centros de votación como en los puntos de registro estaba organizada y contaba, en algunos casos, con información privilegiada sobre los movimientos de las unidades policiales. "Se denotaba organización con ánimo de obstaculizar el cumplimiento del auto judicial", dijo el coordinador del atestado que recogió la actividad policial el 1-O en zonas rurales de la provincia de Barcelona.
El tribunal que juzga el procés, poco amigo de las guirnaldas para reforzar declaraciones, estudiará si estos testimonios refuerzan la idea de "ambiente crispado y hostil" que la Fiscalía atribuye a Catalunya en su escrito de acusación o si, por muy crudos que sean, no pueden formar parte del relato de la rebelión en el que se cimenta este macrojuicio, teniendo también encima de la mesa la apertura de varias causas investigando posibles excesos policiales ese día.
La actuación de los Mossos
El tribunal que juzga el procés ha escuchado por primera vez a varios agentes de la Guardia Civil asegurar que la actuación de los Mossos d'Esquadra en varios registros de la operación Anubis fue correcta. "Hicieron un buen trabajo, hicieron un pasillo, sacaron al señor Sutrías y se fueron sin problema", dijo el jueves por ejemplo un agente sobre los registros en la casa y el despacho de Francesc Sutrías, director general de Patrimonio de la Generalitat. "Era evidente que los Mossos se estaban empleando", dijo otro agente presente en los registros de UNIPOST.
Palabras amables que se terminan cuando el relato de los agentes de la Guardia Civil llegan al día del referéndum ilegal. "En ningún momento se acercaron a prestarnos auxilio, no hablaron, estuvieron a unos cuarenta metros", relató un agente sobre su intervención en Sant Andreu de la Barca. El coordinador del atestado sobre las intervenciones en zonas rurales de Barcelona explicó que tuvieron "una presencia mínima, pasividad y falta de colaboración" salvo en casos "puntuales".
Reprimenda de Marchena
La paciencia de Manuel Marchena se agotó a las veinte sesiones de juicio. El jueves a última hora de la tarde el presidente del tribunal lanzaba una advertencia directa a Jordi Pina, abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez: "Intente convencer al tribunal, no a la galería, porque eso le perjudica enormemente", le digo después de que el letrado preguntase a uno de los agentes de Guardia Civil si el 1-O cargaron contra personas que protestaban pacíficamente con las manos en alto.
La más directa pero ni mucho menos la única advertencia realizada por el presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo a todas las partes en este juicio al procés: son constantes las peticiones a los distintos fiscales para que no intenten orientar las respuestas de los testigos, a la Abogacía del Estado para que concrete más sus preguntas y a las defensas para que no pregunten por asuntos ajenos al procedimiento y no intenten retrasar el proceso en perjuicio de sus propios clientes.
El dinero del procés
Algunos testimonios de esta semana también han pivotado en torno a la malversación de caudales públicos. Felipe Martínez Rico, exsubsecretario de Estado de Hacienda, reconoció que el control que ejercían entonces sobre las cuentas catalanas "llega donde llega" y que, por ejemplo, un contrato irregular podía pasar desapercibido: "Quedaría al margen del control".
Dejando abierta esta puerta a la malversación, Martínez Rico detalló los movimientos sospechosos que trasladaron a la Fiscalía: el expediente de una campaña de publicidad ligada al referéndum, otro relacionado a un acuerdo del Govern y por último el ligado a DIPLOCAT. "Se consideró que la información era insatisfactoria y se denunció", explicó. Un testimonio relevante en relación con un argumento esgrimido por las defensas: niegan que pueda existir la malversación si el propio Cristóbal Montoro dijo en una entrevista que no se había gastado ni un euro público en el referéndum.
