A juicio la internacionalización del procés con dinero público
El Supremo celebra las testificales de varios miembros del DIPLOCAT
La Fiscalía cree que la Generalitat pagó miles de euros en traer "observadores internacionales" para legitimar el 1-O
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Madrid
Este miércoles el Tribunal Supremo abre uno de los capítulos más abultados de la supuesta malversación de caudales públicos en el juicio al procés: el dinero público invertido, a través del DIPLOCAT, en internacionalizar el procés y legitimar el referéndum ilegal a través de embajadas y los denominados observadores internacionales.
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Están llamados a testificar en primer lugar varios altos cargos de la Generalitat que tuvieron responsabilidad sobre el DIPLOCAT. Uno es Amadeu Altajaf, director de la Delegación del Gobierno de la Generalitat ante la Unión Europea, que supuestamente hizo dos tansferencias de 119.700 euros en total para pagar los servicios de los "observadores internacionales" contratados por el Govern para legitimar el procés independentista, además de comprometer 47.365 euros más.
Judit Gené, abogada de Altajaf, ha anunciado este martes que no declarará al estar imputado en otro procedimiento: la Fiscalía no ha renunciado a su testimonio, según ha explicado Consuelo Madrigal, aunque asume que no declarará. "Es él el que renuncia a declarar", ha dicho.
También se espera la testifical de Albert Royo, responsable del organismo que se responsabilizó por escrito del gasto de 40.591,22 euros para sufragar el desplazamiento y alojamiento de treinta eurodiputados. También darán explicaciones dos de estos supuestos observadores: Paul Sinning y Helena Catt. El entonces responsable de Difusión Institucional de la Generalitat, Jaume Mestre, también está llamado a declarar.
Un "cuerpo diplomático paralelo"
La internacionalización del procés a través del departamento que dirigía entonces Raül Romeva constituye, para la Fiscalía, una de las partidas más abultadas de malversación de dinero público usando el DIPLOCAT como "una suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal". Según las acusaciones el departamento de Exteriores terminó desembolsando o comprometiendo más de 440.000 euros de dinero público entre lobbys y observadores internacionales.
Facturas de pagos vinculadas con los 'observadores' / Cadena SER
Se atribuye el gasto, por ejemplo, de 60.000 euros a la consultora estadounidense 'S.G.R' para hacer lobby en ese país, otros 40.591,22 en el desplazamiento y alojamiento de 30 diputados y eurodiputados y el compromiso de 2.750 más, otros 177.304,50 euros para el alojamiento y honorarios de "observadores internacionales" con facturas ya abonadas. También se habrían pagado otros 119.700 euros y comprometidos 47.365 más por este mismo concepto al 'Hague Centre for Strategic Studies' y otros 54.030 euros al expolítico neerlandés Wim Kok, ahora fallecido, que devolvió el dinero.
Raül Romeva
Son declaraciones de mucho interés, sobre todo, para la defensa de Raül Romeva, exconseller de Exteriores y por tanto máximo responsable del DIPLOCAT. En su declaración en este juicio, en la que sólo contestó a preguntas de su abogado Andreu van den Eynde, defendió que no existió una malversación de caudales públicos: "No he visto todavía ni una sola acción llevada a cabo por nuestro departamento que sea constitutiva de delito, no entiendo en base a qué se considera malversación", dijo entonces.
Defendió entonces Romeva, en contra de lo que afirma la Fiscalía, que su departamento no actuó como "cuerpo diplomático paralelo al estatal" pidiendo que "alguien me diga cuándo mi departamento representó al Estado". Reconoció los pagos pero asegurando que eran para actividades legales y por tanto no delictivas: "Es delirante, no tiene ninguna lógica", dijo.
