Mediación, desobediencia y un referéndum sin efectos: dos semanas interrogando al procés

Las primeras semanas del juicio al procés en el Tribunal Supremo ha servido para sentar los puntos de debate esenciales para que los jueces decidan si los doce líderes independentistas deben ser condenados o absueltos: si desobedecieron o no al Tribunal Constitucional, si usaron o no recursos públicos o si instrumentalizaron a la sociedad catalana para presionar al Estado. A falta de saber lo que dicen los testigos clave del caso, estos son los argumentos desplegados por los diez acusados que han declarado hasta ahora. La primera parte de juicio, una vez solventadas las cuestiones previas, giró en torno a si los acusados hicieron o no caso de las advertencias del Tribunal Constitucional al seguir adelante con la organización del 1-O. Sin poder afirmar que impidieron el referéndum una vez ilegalizado, algunos como Carles Mundó aseguraron que tras las advertencias no puso en marcha «ningún acto o resolución tendente a realizar aquello que se me decía que no realizara». Otros imputados optaron por explicar que rechazaron obedecer sin matices las órdenes del Constitucional al poner más elementos en la balanza. Josep Rull, por ejemplo, poderó la «falta de legitimidad moral» del tribunal de garantías «por ser sistemáticamente instrumentalizado por el Gobierno del Estado». Jordi Turull, exconseller de Presidencia, afirmó que ponderó también su «compromiso con los ciudadanos de Catalunya». Los acusados por malversación de caudales públicos que han declarado hasta ahora - todos salvo Jordi Sànchez - han coincidido en negar de forma tajante que el Govern utilizase dinero o recursos públicos para organizar el referéndum, o al menos que supusiera un gasto extra para las arcas de la Generalitat. «Ni un euro», han repetido prácticamente todos. Preguntados por el decreto de convocatoria firmado por todo el Govern en septiembre de 2017 y la autorización que daba a gastar este dinero público, todos han coincidido en señalar que era una posibilidad que no se materializó. «A partir de aquí no hay ningún elemento fáctico que lo desarrolle», dijo por ejemplo Jordi Turull. Reacio a definirlo como una negociación, este jueves el exconseller Santi Vila daba algunos detalles de cómo el ejecutivo que dirigía entonces Mariano Rajoy el PSOE y el Govern de Carles Puigdemont se sentaron a la mesa para intentar evitar, sin éxito, tanto la aplicación del 155 como una declaración de independencia. Su declaración avala, por un lado, las alegaciones de sus antiguos compañeros de Govern de que no abandonaron la opción del diálogo pero también contradice aquellas afirmaciones que niegan que optasen por una vía unilateral. Tras varios días con el debate centrado en cómo obedecieron o dejaron de obedecer los acusados las órdenes del Tribunal Constitucional, el interrogatorio a Jordi Sànchez ha dirigido los argumentos hacia la existencia o previsibilidad de una violencia que, para la Fiscalía, cimenta la acusación por rebelión. Los acusados han coincidido, con mayor o menor vehemencia, en atribuir los imprevisibles disturbios del 1-O a la actuación policial: «Jamás me hubiese imaginado que las fuerzas de seguridad del Estado desplegarían el nivel de violencia que desplegaron», dijo Josep Rull. Para los exmiembros del Govern es importante explicar que para ellos no era previsible que se desatase una violencia que niegan y para Jordi Sànchez es importante demostrar que él ni la promovió ni la ejecutó. «La comitiva hizo toda su labor», dijo ayer en referencia a la manifestación masiva del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consellería de Economía en Barcelona, que según la Fiscalía buscaba impedir los registros judiciales de la operación Anubis. Asumiendo que no obedecieron íntegramente las órdenes del Constitucional y dejando también claro que nunca instrumentalizaron las movilizaciones civiles, los acusados también han querido dibujar un referéndum y una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) sin efectos prácticos más allá de ser sendas demostraciones de fuerza del soberanismo catalán. Para Mertixell Borràs, por ejemplo, fue «una expresión política que no tenía consecuencias jurídicas». Todos los políticos interrogados en este proceso, salvo Mireia Boya en fase de instrucción, han coincidido en el mismo razonamiento. Una rebaja de los efectos prácticos que, en algunos casos, se ha extendido al referéndum: «Fue un acto más dentro de la legislatura, nunca fue concluyente y menos para la independencia», dijo Dolors Bassa, explicando que era una herramienta más en sus negociaciones. Para Santi Vila, lo que empezó como una cita electoral terminó siendo una exhibición de músculo del independentismo: «El referéndum muta a una gran movilización política que personalmente nunca reconocí como referéndum». Oriol Junqueras y Raül Romeva se han diferenciado del resto de sus compañeros en la forma, aunque no excesivamente en el fondo: han optado por contestar sólo a su defensa para denunciar ser «un preso político» en un «juicio político», negando igual que el resto los delitos que se les imputan aunque sin enfrentarse a las preguntas de la Fiscalía. Jordi Sànchez también afirmó con claridad que «me considero un preso político, éste es un juicio político» y otros como Jordi Turull afirmaron que «después dirá que no nos persiguen por nuestras ideas», denunciando un doble rasero del Tribunal Constitucional a la hora de perseguir los incumplimientos de sus resoluciones.

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Los imputados reconocen que desobedecieron al Constitucional pero no que fuese delictivo

Los acusados restan efectos prácticos a la Declaración de Independencia o el referéndum del 1 de octubre

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